Un grave ciberataque afectó a la empresa GTD la mañana del 23 de octubre, uno de los principales proveedores del Gobierno Digital. Tras la vulneración, la empresa desconectó sus plataformas afectando a entidades como Fonasa, el Servicio de Impuestos Internos (SII), Correos de Chile, entre otros. Uno de estos servicios fue la firma electrónica del gobierno, utilizada ampliamente por funcionarios públicos.
Sin embargo, en distintos medios de comunicación se informó que uno de los impactos lo sufrió la “Firma Electrónica Avanzada (FEA)”, un grave error conceptual ya que implica a las empresas que estamos acreditadas por el Ministerio de Economía. Las empresas certificadoras acreditadas que entregamos servicios de Firma Electrónica Avanzada no hemos tenido complicaciones y, por cierto, contamos con mecanismos que permiten resguardar los datos y dar continuidad operacional. Asimismo, debemos cumplir con estrictas auditorías anuales.
La Firma Electrónica Avanzada se utiliza en distintos trámites por personas naturales o empresas, tales como contratos bancarios electrónicos, contratos de fondos mutuos, contrato a honorarios, recetas médicas, Permiso de Circulación y el Seguro electrónico obligatorio de accidentes personales (SOAP), entre otros. En el caso de que haya un repudio, cuando tienes Firma Electrónica Avanzada la identidad del firmante se puede verificar fehacientemente, hay certeza de que el documento no ha sido adulterado y es plena prueba para efectos legales.
Por otra parte, la firma que sufrió inconvenientes es la firma gubernamental utilizada por funcionarios públicos. Ante la gravedad del ciberataque, deseamos que aquellos servicios que están con problemas ahora puedan ser repuestos sin consecuencias para los usuarios e instituciones y que no se hayan comprometido datos esenciales.
No obstante, lo anterior demuestra la importancia de contar con servicios acreditados de firma electrónica con el fin de minimizar los riesgos y la necesidad de advertir la diferencia entre la Firma Electrónica Avanzada y la firma electrónica gubernamental, para no provocar confusión en la ciudadanía al hablar como si ambos conceptos fueran lo mismo.