El senador Rafael Prohens valoró la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó de declarar admisible el recurso de protección presentado recientemente junto a la concejal de esa comuna, Carolina de la Carrera, y una treintena de apoderados afectados por la crisis educacional que se arrastra por más de 70 días en Atacama.
El legislador RN manifestó que “hoy hemos tenido una buena noticia”, precisando que con la acción legal buscan terminar con “la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestra región a raíz del paro que los ha perjudicado tanto en lo educativo como en materia de salud mental, de ellos y sus familias”.
Prohens explicó que la Corte fijó un plazo de 10 días para que los encargados del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama entreguen la información requerida sobre los planes y acciones desarrolladas y programadas para resolver los problemas del sistema en el menor plazo posible, de manera de generar las condiciones para restituir el régimen educativo a la brevedad.
El senador de la Región de Atacama aseguró que la señal dada por la Corte de Copiapó constituye “un primer paso para avanzar en dar garantías respecto del derecho a la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes”, expresando que harán el seguimiento correspondiente al proceso.
Vale recordar que la acción contra el SLEP de Atacama, ingresada el 31 de octubre pasado, busca que la justicia contribuya a resolver la crisis educativa y apoyar a las familias afectadas considerando “la vulneración de la integridad psíquica de los alumnos y apoderados por la pérdida de clases y la diferenciación arbitraria que los ubica en condiciones desfavorecidas respecto a los demás estudiantes del país”. A través del documento se solicitó a esa Corte “que declare que el SLEP de Atacama ha actuado en forma ilegal y arbitraria con su conducta omisiva, violentando los derechos fundamentales de los estudiantes; y que se le ordene dar cuenta de las acciones, planes y obras que han realizado para mejorar las condiciones en las que se imparte educación en la región y las medidas que tomarán para subsanarlas en el futuro, de modo de «dar tranquilidad a las familias afectadas por la crisis y que el Estado de Chile ofrezca una hoja de ruta, con planes determinados y certezas para su futuro educacional».
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