El diputado Hotuiti Teao, quien la semana pasada logró que la Defensora y la Subsecretaria de la Niñez acudieran a la comisión de Familia a dar cuenta de las denuncias de explotación sexual a niños, niñas y adolescentes que están bajo cuidado del Estado en la región de Valparaíso, alzó la voz solicitando ahora que el Instituto Nacional de Derechos Humanos acuda a la instancia fiscalizadora por una eventual vulneración de los derechos de estos menores.
“La denegación de auxilio a niños, niñas y adolescentes dependientes del Estado constituye una violación a los derechos humanos. Es por eso que -como integrante de la comisión de Familia- pedí que el Instituto Nacional de Derechos Humanos acuda a esta instancia fiscalizadora a la que logramos también llevar -la semana pasada- a la Defensora y la Subsecretaria de la Niñez”, puntualizó el parlamentario.
Agregó además que “lo que corresponde en estos graves casos es que todas las instituciones asuman esta problemática como un tema de interés nacional. Existen fallos de la propia Corte Suprema donde se señala que en el Servicio Mejor Niñez han existido vulneraciones que incumplen de manera flagrante el compromiso que ha asumido el Estado conforme a la Convención de los Derechos del Niño. Eso no puede seguir ocurriendo. El Estado de Chile firmó la Convención Internacional por los Derechos del Niño y en virtud de ello además tiene responsabilidades internacionales respecto de la protección cuidado y resguardo de niños niñas y adolescentes más aun que se encuentran en una situación de vulnerabilidad”.
El legislador recordó también que durante la sesión de la Comisión de Familia, a la que asistió la directora del servicio, “se dio cuenta que entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del 2023 se han ingresado 107 resoluciones por presuntos delitos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes contra de 76 niños, niñas y adolescentes atendidos en algún programa de la red de protección”.
“Esta prevalencia de denuncias por ESNNA en la región de Valparaíso es significativa, ya que se han registrado denuncias en un total de 14 de las 40 residencias. Es decir, el 35% de las residencias de la región han ingresado al menos una resolución por explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el periodo, o bien, algún programa ambulatorio ha ingresado una denuncia por un caso de algún niño, niña o adolescente atendido en el proyecto residencial”, añadió.
Para Teao, “es fundamental que, como lo pidió la propia Subsecretaria de la Niñez, se aumente considerablemente el número de funcionarios de la PDI que estén especializados en la detección en esta clase de delitos, así como también, fortalecer las alianzas con el servicio Mejor Niñez, para dar cobertura a la gran cantidad de denuncias que día a día se acumulan”.
Por último, el diputado hizo un llamado a todas las autoridades “a trabajar mancomunadamente, fijando una hoja de ruta que nos permita restituir en primer lugar los derechos de los NNA afectados y fortalecer las medidas de control para desbaratar a estas verdaderas bandas que se aprovechan de la necesidad, expectativas y sueños de los más vulnerables del país”.
