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Ley Marco de Ciberseguridad: Una política pública necesaria

Ley Marco de Ciberseguridad: Una política pública necesaria

En diciembre pasado entró en vigencia la normativa que busca enfrentar las amenazas en materia de ciberseguridad para la sociedad. A partir de esto, se implementó la Ley Marco de Ciberseguridad que establece objetivos para instaurar una cultura sobre la importancia de la seguridad cibernética tanto en sectores privados como públicos.

Establecer una institucionalidad que se haga cargo de la ciberseguridad es uno de los grandes objetivos de esta Ley, la cual trae consigo la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, el Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad y un CSIRT (Equipo de respuesta ante incidentes de Seguridad Informática), además de otro CSIRT de la Defensa Nacional.

Carmina Hernández, Directora de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información A.G. (ACTI A.G.) y Public Policy Manager Chile Amazon Web Services (AWS), asegura que «otro gran paso es la creación de un consejo multisectorial que incorpora a la sociedad civil, a la academia y al sector público. Algo que está ligado a seguir buscando alianzas público-privadas, y prueba de esto es la iniciativa de regular y coordinar la acción de organismos y/u organizaciones del estado, como por ejemplo, la relación del estado y particulares».

La transformación digital que Chile está viviendo hace años requiere de un avance en la protección de datos, detectando amenazas por riesgo y tamaño, demanda que esta ley busca abarcar mediante la fundación de las organizaciones mencionadas. Cabe destacar que, según un informe de la empresa de ciberseguridad Kaspersky, Chile fue el objetivo de más de 500 millones de ataques de ‘malware’ (software malicioso) durante el 2022. Documento que asegura que poco más del 50% fueron ataques a dispositivos de uso personal.

Es así como surge la necesidad de una transversalidad a la hora de proteger los datos y la información cibernética. “Esta Ley parte de la necesidad de tener políticas públicas y normativas transversales, que no dependan de un determinado gobierno o determinadas personas a cargo”, explica la ejecutiva de ACTI A.G.

Hernández además asegura que, de esta forma, se hace un especial énfasis en la búsqueda de un consenso entre socios y la institución pública, para así elaborar una propuesta que perdure más allá de los gobiernos.

“Tiene un valor agregado el trabajo gremial, el cual busca estos acuerdos basados en recomendaciones y mejores prácticas. La mayoría de los socios ACTI tiene una larga trayectoria en la industria, por lo tanto, el aporte es más robusto”, finaliza la ejecutiva.

El avance en esta área digital no termina aquí, dado que, desde el gobierno, aseguran que es necesario instaurar en paralelo una educación digital para la ciudadanía.

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