El estudio “Percepción de la ciudadanía del sistema de pensiones chileno”, consigna que el 96,5% de las personas consultadas expresó “severas críticas al sistema” que administran las AFP.
Asimismo, la investigación agrega que un 94,2% de las personas consultadas, considera que “el modelo genera una distribución asimétrica de ganancias y de pérdidas”.
“Del total de personas consultadas, un 96,5% expresó severas críticas al sistema, mientras que no hubo consultados de la ciudadanía ni de los actores claves que expresaran conformidad con el sistema”, fue uno de los hallazgos que arrojó el estudio “Percepción de la ciudadanía del sistema de pensiones chileno”, investigación encargada por la subsecretaría de Previsión Social a solicitud de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones.
Así, el estudio arrojó resultados críticos respecto de las percepciones ciudadanas ante la industria de las AFP, y una valoración positiva de la Pensión Garantizada Universal (PGU), además de propuestas de política pública para incorporar al sistema previsional.
En este sentido, el estudio agrega que las personas que participaron del estudio perciben que modelo que gestionan las administradoras de fondos de pensiones, “beneficia más a las AFP que a los propios cotizantes”. Este descontento, además, se ve reflejado en que “un 94,2% de las personas consultadas,
considera que el modelo genera una distribución asimétrica de ganancias y de pérdidas”, añade el
estudio, consignando en que “no hay opciones en que no existan variaciones producto de la especulación
financiera donde se invierten los fondos”.
Cabe señalar que la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones es una entidad de participación
social creada en el marco de la reforma previsional del año 2008. Su principal función es informar a la
Subsecretaría de Previsión Social, y a otros organismos públicos del sector, sobre las evaluaciones que
sus representados efectúen sobre el funcionamiento del sistema de pensiones, proponiendo estrategias
de educación y difusión. La instancia está conformada por representantes del IPS, la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT), la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP) y de la Central
Unitaria de Jubilados, Pensionados y Montepiadas de Chile (CUPEMCHI).
Temor a la pobreza en la vejez
En el estudio se desprenden diversos hallazgos que sistematizan la percepción ciudadana pesquisada en la investigación. En línea crítica de las principales revelaciones que arrojaron los focus group y encuentros
regionales desarrollados durante la investigación respecto de las administradoras de pensiones, se
encuentra la “profunda decepción de la ciudadanía con el sistema de AFP dada la baja rentabilidad y las
comisiones cobradas”. “No confían en que sus ahorros se transformen, en el futuro, en buenas
pensiones”, agrega el estudio.
Junto a ello, el estudio señala que un 99,1% de las y los consultados, plantea que “las pensiones son
insuficientes”, donde las personas ven “improbable jubilar algún día o temen caer en pobreza en la vejez”.
En todo caso, los especialistas y expertos que participaron de la investigación sostienen que “el sistema
es perfectible”. Para ello, aconsejan que “subir los impuestos y realizar modificaciones a la normativa
contable que estén directamente diseñadas para asegurar un mayor aporte fiscal, ya que de esa forma se
podría recaudar fondos transversalmente, incluyendo a las personas que están fuera del mercado laboral
formal”.
Obligación de extender la vida laboral
A partir de los datos recopilados en el trabajo de campo de la investigación, la primera conclusión del
equipo ejecutor del estudio indica que “existe un amplio consenso entre la ciudadanía respecto de que el
sistema actual de pensiones no garantiza un monto suficiente para que a futuro los pensionados vivan un
retiro en condiciones favorables y dignas”. “Este sentir genera angustia ante la posibilidad de vivir una vejez en la pobreza”, acota el equipo ejecutor en el estudio.
En esa línea, el estudio reconoce la “urgencia” de mejorar el sistema de pensiones, debido a los relatos
detectados en la investigación de personas jubiladas que viven en condiciones precarias, no obstante
haber cotizado durante décadas en el sistema.
“Se percibe que mucha gente mayor, se ve obligada a extender su vida laboral ante el constante aumento
de los costos de vida, situación a la que se suma con la edad nuevos gastos propios de esa etapa de vida
como lo son los medicamentos, especialistas, médicos, dietas especiales, remodelaciones en el hogar
producto de las limitaciones físicas de movilidad, entre otros”, añade el estudio sobre el punto.
Asimismo, la percepción crítica respecto del desempeño de las AFP también es constatada respecto del
“mal manejo de los recursos financieros”, “malas decisiones de inversión en el extranjero que implican
pérdida para los cotizantes”, “poca transparencia en cuánto a las cuentas individuales”, y “poca certeza
sobre el monto futuro de la pensión”.
Relacionado a lo anterior, el estudio agrega que “esta percepción se enfrenta con el constante bombardeo informativo, donde se dan cuentas de las abultadas ganancias de las empresas administradoras quienes, paradójicamente, no son afectadas por las malas decisiones que implican pérdidas, ya que éstas son asumidas por los contribuyentes”.
Mujeres y PGU
Junto a ello, los ejecutores del estudio “coinciden en la necesidad de gestionar más y mejores condiciones para las mujeres para suplir las lagunas previsionales que implican la maternidad y las labores de cuidadoras que en ellas culturalmente recaen”. Además, los investigadores concluyen que la Pensión Garantizada Universal (PGU) “tiene una buena acogida, la cual debiera mejorarse, aumentar la cobertura, aumentar el monto y el alcance y con recursos estatales”.
Cabe señalar que el estudio se realizó mediante encuentros regionales ciudadanos con participación de
autoridades, académicos, representantes de las AFP, asesores previsionales, trabajadores, jubilados,
montepiadas, dirigentes sindicales y dirigentes sociales, en 8 regiones del país, incluida la Antártica, entre
los meses de octubre y noviembre del 2023.
Propuestas
A lo anterior se suman propuestas incorporadas en el estudio. Entre otras, se propone que el objetivo de
proveer pensiones es que “permitan a los jubilados mantener un nivel de vida razonable y no caer en la
pobreza”. Para ello, la investigación agrega que se “requiere analizar los niveles de cobertura actuales, las
tasas de reemplazo y brechas de pensión entre hombres y mujeres”.
Asimismo, el estudio recalca que el sistema de pensiones debe incorporar criterios de sostenibilidad
fiscal y fortalecer “la formalización laboral e incentivar la cotización de los usuarios”.
Junto a ello, se recomienda una “complementariedad de los fondos”, donde “la administración privada
conviva con la pública, otorgando a la segunda una base mínima estable y suficiente, y a la privada
complementando las opciones de ahorro”.
A renglón seguido, el estudio añade la recomendación de crear una AFP estatal, la que tenga como fin
administrar “los recursos aportados por los trabajadores en una dinámica de sin fines de lucro y que sea
solidaria”.
Con todo, un punto crítico que arroja el estudio es que “no hay una buena bajada de información” por
parte del sistema a los usuarios, además de mencionar la “brecha digital” como un problema que
enfrentan los usuarios para el acceso a información de manera remota.
Cabe señalar que el estudio se realizó mediante encuentros regionales ciudadanos con participación de
autoridades, académicos, representantes de las AFP, asesores previsionales, trabajadores, jubilados,
montepiadas, dirigentes sindicales y dirigentes sociales, en 8 regiones del país, incluida la Antártica, entre
los meses de octubre y noviembre del 2023.
