Tianqi, AFP Provida y actores de la sociedad civil como Conadecus han solicitado que la operación conjunta entre la minera no metálica y la estatal cuente con la legitimidad de todos sus accionistas, incluidos los fondos de pensiones.
El cuestionamiento de Tianqi a la responsabilidad de SQM de velar por una mayor transparencia en el acuerdo entre SQM y Codelco para la explotación del litio ha tenido eco en otros accionistas y representantes de la sociedad civil, quienes han insistido en la necesidad de someter el acuerdo a la junta de accionistas para la aprobación de la operación, que tiene plazo hasta el 31 de mayo.
Tianqi ha anunciado que emprenderá acciones legales, si es necesario, para obligar al directorio de SQM a someter el acuerdo con la minera estatal a una junta aprobatoria, alegando que la negativa vulnera la transparencia y los derechos de todos los accionistas minoritarios. En su opinión, el presidente del directorio de la minera no metálica, ha vulnerado reiteradamente la imparcialidad y lealtad que la dirección debe a todos sus accionistas.
De hecho, el presidente de la empresa china reafirmó lo anterior al señalar que tomaría acciones legales si SQM insistía en firmar el acuerdo sin antes someterlo a votación en una junta de accionistas. «Desde Tianqi observamos con gran preocupación y curiosidad la insistencia de SQM en no convocar a junta de accionistas para votar el acuerdo con Codelco. Realmente parece insostenible que insistan en implementar un acuerdo de esta magnitud sin cumplir con la ley, creando así una situación legal extremadamente delicada tanto para SQM como para Codelco», comentó Frank Ha.
La falta de transparencia en las negociaciones hace imposible que los accionistas conozcan y evalúen el posible impacto del acuerdo en el patrimonio de la empresa y en el capital de los inversionistas, especialmente el impacto en la valorización y condiciones del traspaso del Salar Maricunga a Codelco.
Estas interrogantes también fueron planteadas por AFP Provida, cuando señaló que el acuerdo debía ser sometido a votación en la Junta General para asegurar la máxima transparencia y participación de todos los accionistas.
De ello se hizo eco Gonzalo Alvear, representante de la compañía de pensiones, quien aclaró que la medida asegurará la máxima transparencia y participación de todos los accionistas y advirtió que la operación afecta directamente los intereses de los accionistas minoritarios y del mercado de capitales chileno. «Permitir la venta de activos estratégicos de una sociedad anónima por la sola decisión del directorio, en nuestra opinión, afecta directamente los intereses de los accionistas minoritarios y por ende al mercado de capitales chileno. Esto es potencialmente complejo para los accionistas minoritarios, no específicamente por esta transacción, sino porque sienta un delicado precedente para futuras transacciones similares», dijo Alvear en la junta extraordinaria de accionistas de SQM.
El ex presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, señaló en una reciente columna que «esta cortina de opacidad» también afecta a los fondos de pensiones, ya que perjudica la inversión institucional por la crisis de confianza que podría provocar esta transacción. «No sólo es problemática desde el punto de vista del gobierno corporativo, sino que plantea serias dudas éticas y legales que podrían afectar la viabilidad de la empresa», dijo.
En tanto, el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, acudió a la Superintendencia de Pensiones para solicitar que se pida a las AFP que informen a las instituciones administradoras de fondos de pensiones sobre su participación en SQM y que las administradoras cumplan con sus obligaciones de proteger los intereses de las empresas que administran.
«La posición de Provida refleja una preocupación por la transparencia y la defensa de los intereses de los accionistas minoritarios, lo que se condice con el espíritu de protección de los afiliados que las AFP deben garantizar según la normativa vigente», señaló Conadecus en su carta, en la que llama a otras entidades a tomar medidas para proteger el patrimonio de sus pensionados y ejercer su potestad regulatoria.
Para Diego del Barrio, doctor en Economía y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso, la falta de atención del directorio de SQM a las demandas de los accionistas refleja la ausencia de imparcialidad con que está actuando. En columnas recientes ahonda en este punto: «Los directores de una empresa como SQM, y de cualquier sociedad regida por la misma ley, deben velar por los intereses de todos los accionistas, no sólo de algunos de ellos. Al entrar en una disputa abierta con uno de sus accionistas, el presidente de la compañía está tomando públicamente una posición particular, lo que genera preocupación sobre la confianza en la gestión de SQM y el ambiente de inversión en Chile”.
Según cuestionó Del Barrio, poner el futuro de la política nacional del litio de Chile en un acuerdo que puede ser cuestionado a largo plazo constituye un riesgo excesivo, amenazando la estabilidad y reputación del mercado de capitales chileno. «¿Se ha visto comprometida la confianza en la gestión de SQM debido a la falta de imparcialidad de Guerrero en sus declaraciones? ¿Podrían estas declaraciones afectar la percepción del clima de inversión en Chile, especialmente en el sector del litio? ¿Existe información imparcial sobre el contenido del acuerdo que se está elaborando entre SQM y Codelco? ¿O sólo se ha limitado el acceso a la información a los accionistas no controladores, incluidos los fondos de pensiones?».
Para el especialista , es fundamental asegurar la transparencia, la seguridad jurídica e institucional y establecer mecanismos de diálogo y cooperación entre el gobierno, las empresas y los inversionistas extranjeros para disipar las dudas existentes y dar viabilidad y legitimidad al acuerdo.
La confianza es la piedra angular del desarrollo sostenible, ya que garantiza que las iniciativas no sólo tengan éxito a corto plazo, sino que se mantengan en el tiempo gracias al esfuerzo colectivo y al compromiso de todas las partes implicadas.