- Cuestionaron, además, la desigualdad que revelaría el hecho de que el umbral de reposición para algunas comunas sea de 9 horas y, para muchas otras, de 18 horas, lo que a su juicio “es un doble estándar y un absurdo que requiere de una modificación legal”.
Los senadores María José Gatica (RN) y Juan Luis Castro (PS) explicaron los alcances del proyecto de ley que presentaron para aumentar los montos de las compensaciones que deben pagar las empresas distribuidoras de electricidad en casos de interrupción del servicio.
La legisladora de la Región de Los Ríos –autora de la iniciativa- subrayó que con ésta “se busca hacer un acto de justicia con la familia chilena y eso tiene que ver con dos puntos sumamente importantes: aumentar las multas para las empresas de energía eléctrica; e incrementar de manera gradual las compensaciones para las familias afectadas por los cortes del suministro que, a su vez, por lo menos en los sectores rurales, también han afectado el suministro de agua potable”.
El presidente de la Comisión de Minería y Energía, senador Juan Luis Castro agregó que “las multas y las compensaciones hoy parecen irrisorias porque la Ley de Servicios Eléctricos tiene 42 años de existencia y su obsolescencia hace que la aplicación de multas y compensaciones queden en el simbolismo”. En esa línea, dijo que “la crisis exige un rol del Estado razonablemente adecuado que haga exigibles los compromisos de las empresas.”
Ambos añadieron que la ocurrencia de interrupciones en el suministro de energía revela que “en las zonas rurales hoy tenemos una desigualdad porque hay muchas comunas que tienen un umbral de compensación después de las 9 horas –como en Santiago y muchas otras- y sin embargo en muchas otras el umbral es de 18 horas, lo que es un doble estándar y un absurdo que requiere de una modificación legal”.
Asimismo, los legisladores precisaron que en el marco del extenso corte que se produjo por el último frente de mal tiempo “estamos pidiendo, además, la duplicación de cada una de las sanciones porque se le ha faltado el respeto a la ciudadanía y no ha habido respuesta adecuada de las empresas, porque son monopolios naturales regulados, pero con una regulación ínfima, débil e insuficiente”.
