Para los diputados de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, Hugo Rey, Diego Schalper, Frank Sauerbaum, Eduardo Durán, José MIguel Castro y Andrés Longton, la reciente medida de la Dirección del Trabajo de clausurar una sucursal de una cadena de farmacias, justificada por una supuesta falta de medidas necesarias por parte del empleador para la “protección de la vida e integridad de los trabajadores del local”, resulta alejada de toda lógica. Primero, porque quien debe brindar seguridad a la ciudadanía -más en un momento de crisis a nivel nacional como hoy en día- es el gobierno, y en específico el Presidente de la República.
Así, entonces, los parlamentarios enviaron a la Contraloría General de la República una solicitud de dictamen que según el Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1967, “que dispone la reestructuración y fija las funciones de la Dirección del Trabajo, otorgan a los Inspectores del Trabajo, en particular, la de decretar la clausura de establecimientos o faenas laborales cuando dicha medida sea decretada ante requerimientos de cautela de los derechos de los trabajadores en materia de seguridad y orden público”.
En el escrito enviado a la Contralora (s) Dorothy Pérez, los parlamentarios apuntan a que la DT habría constatado que el local se encontraba en condiciones de inseguridad que ponían en riesgo grave e inminente la vida o salud de los trabajadores. Y se procedió a la clausura. Pero, afirman los diputados RN, “estas condiciones de inseguridad serían aquellas generales que afectan hoy a la mayoría de la población atendida la crisis de seguridad por la que atraviesa el país”.
A continuación señalan que el criterio de la Dirección del Trabajo, “achaca a una entidad privada una necesidad que no está llamada a satisfacer, como lo es el resguardo de la seguridad y el orden público interior, vislumbrándose ahora la amenaza de que la entidad administrativa clausure otros establecimientos o faenas al no estar asegurada la integridad de los trabajadores en el ámbito de la seguridad y el orden público”.
Diego Schalper afirmó que “como Renovación Nacional, queremos que la Contralora emita un dictamen donde deje claramente establecida cuál es la atribución de la Dirección del Trabajo en lo referente a la seguridad, porque acá pretender que los locatarios tengan la responsabilidad al nivel de impedir un turbazo y, por lo tanto, tengan que prácticamente, no sé, contratar un verdadero arsenal de gente en la puerta para impedirlo es simplemente delirante”. Continuando con que la CGR debe poner las cosas en su lugar, en el sentido que “es el Gobierno y en particular el Presidente de la República, quien constitucionalmente está llamado a velar por el orden público. Pretender endosarle esa responsabilidad a los locatarios es ya reconocer definitivamente que el Estado de Chile perdió la batalla contra la delincuencia”.
Además, los legisladores hacen notar que cerrar un servicio de primera necesidad como es una farmacia, “afecta seriamente a los vecinos de La Cisterna y a quienes trabajan o transitan regularmente por allí”. Señalan, además, que una farmacia es requerida con normalidad en situaciones de premura y enfermedad. Por lo que la medida de la DT “desincentiva que nuevos servicios se instalen en vista de que deberán responder por las condiciones de seguridad que les es imposible cautelar”.
La jefa de bancada RN, Ximena Ossandón, apuntó que “paradójicamente (la DT) va a terminar destruyendo puestos de trabajo si pretende que los particulares asuman las responsabilidades del Estado. Una cosa es colaborar desde la seguridad privada, y otra muy distinta es que para poder funcionar, el comercio deba intervenir el entorno y entrometerse en obligaciones que solo se le pueden exigir al gobierno”. Concluyendo que “la Dirección del Trabajo se ha excedido en sus funciones y eso debe determinarlo la Contraloría”.
Finalmente, en el documento se suma que se corre el riesgo que los servicios se instalen en comunas alejadas de la zona centro-oriente de la Región Metropolitana, e incluso en comunas vulnerables, “puesto que están ahora sobre aviso de que deberán incluso resguardar la seguridad pública, no pudiendo funcionar si ocurren hechos delictivos que solo la autoridad puede repeler”. Y precisan que ante esta situación “se podrá funcionar en la medida que se intervenga el entorno de los establecimientos, cuestión que corresponde de manera exclusiva al gobierno, y más precisamente al Presidente de la República conforme al mandato constitucional del Jefe de Estado”.
