La reciente propuesta del gobierno de subsidiar las tarifas eléctricas para las pequeñas y medianas empresas (pymes) busca aliviar las cargas económicas del sector en un contexto de alta inflación y una economía en recuperación. Sin embargo, surge la pregunta de si estos subsidios son soluciones estructurales o meros parches temporales.
Las pymes son clave en la economía de Chile, generando gran parte del empleo. Sin embargo, enfrentan desventajas en acceso a financiamiento, trámites y costos operativos, siendo las tarifas energéticas uno de los mayores desafíos. Las alzas en los precios de la energía, impulsadas por factores globales y la transición energética, han afectado desproporcionadamente a este sector. Un subsidio podría ofrecer un alivio inmediato, pero su efectividad dependerá de cómo se determine quién califica y de la sostenibilidad fiscal en un escenario de estrechez presupuestaria. Este tipo de ayudas podría ser solo un «pan para hoy y hambre para mañana».
Más allá de los subsidios, falta una estrategia a largo plazo para reducir los costos energéticos estructurales. Aunque Chile ha avanzado en energías renovables, la transición es lenta y no se traduce necesariamente en menores costos. También persisten problemas como la falta de regulación competitiva y la insuficiencia de infraestructura. Las pymes necesitan un entorno estable y predecible para planificar sin temor a alzas inesperadas.
El gobierno tiene la oportunidad de comprometerse con reformas estructurales que promuevan la competencia y una transición eficiente a energías limpias, apoyando verdaderamente a las pymes para competir en un mercado globalizado. El subsidio es un paso, pero la pregunta sigue siendo: ¿estamos resolviendo el problema o solo posponiéndolo?
