En el Juzgado de Garantía de La Serena culminó la audiencia de formalización de la investigación y discusión de medidas cautelares en el marco de la causa por fraude al fisco, lavado de activos, falsificación y uso de instrumentos públicos y asociación ilícita en que 4 personas fueron formalizadas, dos de ellas ex integrantes del departamento de salud de la Corporación Gabriel González Videla.
Otras 13 personas también fueron formalizadas por fraude al fisco.
La audiencia culminó con la prisión preventiva para los 4 principales (a dos de ellas el magistrado de garantía consideró que en lugar de fraude al fisco corresponde el delito de estafa, aunque la Fiscalía sostiene que hay comunicabilidad en el primer delito) en atención a la cantidad de delitos formalizados.
“Circunscribimos la medida más gravosa a quienes tenían el núcleo de la acción ilícita planteada”, dijo el fiscal Carlos Vidal.
El resto de los imputados quedaron con las cautelares de arresto domiciliario total.
La Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Coquimbo expuso los antecedentes de la investigación por fraude al fisco en alrededor de 750 millones de personas, en que cerca de 22 personas son investigadas.
En los hechos ocurridos en la Corporación Municipal Gabriel González Videla, se habría contactado a terceros para una serie de labores que jamás habrían existido u ocurrido, pero que presuntamente derivaron en el pago improcedente de recursos municipales, con la facilitación de cuentas, devoluciones de dineros, cobros de comisiones y uso de recursos para otros fines.
Los programas municipales afectados por el fraude correspondieron a atenciones en Centros de Salud Familiar, Atención para la rehabilitación de drogas y atención de menores de edad con medidas cautelares o condenas.
La investigación es desarrollada junto con el Laboratorio de Criminalística de la PDI y personal de la Brigada de Lavado de Activos y Robos, además de funcionarios del equipo de Análisis Criminal y Focos Investigativos.
Además, figuran como querellantes la Municipalidad y la propia Corporación más antecedentes aportados por la Contraloría General de la República.
La Fiscalía argumentó en la audiencia información bancaria e informes de la PDI, interceptaciones telefónicas, declaraciones de algunos imputados que facilitaron sus cuentas e identificaron a los supuestos reclutadores, entre otros medios.
La investigación ahora se derivará en el vaciado de instrumentos electrónicos incautados, entre otras diligencias y habrá 100 días para terminar las mismas.