A partir de este 15 de mayo, entra en vigencia la Ley 21.601, que obliga a los conductores de vehículos en Chile a grabar su patente en los vidrios y espejos laterales como medida para prevenir el robo y la clonación de autos. Sin embargo, esta normativa, que afecta a todos los propietarios de vehículos, trae consigo un serio cuestionamiento sobre la equidad y responsabilidad estatal en la garantía de la seguridad pública.
El principal problema radica en que el Gobierno, en lugar de garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos de forma equitativa, está traspasando estos costos a los chilenos. Los vehículos deben cumplir con una obligación impuesta por la ley, pero la carga financiera recae sobre los propios conductores, especialmente aquellos con menores recursos o que no cuentan con acceso a los programas de grabado gratuito.
Este traspaso de responsabilidades y costos de seguridad a la ciudadanía es una clara muestra de una política pública que prioriza el ahorro estatal sobre el bienestar social, obligando a la población a financiar la seguridad que debería ser proporcionada de manera universal y sin distinciones.
Además, el incumplimiento de esta ley puede resultar en multas de hasta 1,5 UTM (aproximadamente $102.000 CLP), lo que agrava aún más la situación, generando una carga económica innecesaria.
La medida, si bien busca mejorar la seguridad vial, debería ir acompañada de una reflexión crítica sobre la justicia de traspasar estos costos a la población en lugar de buscar soluciones financiadas por el Estado, que es quien tiene la obligación de velar por la seguridad de sus ciudadanos sin imponerles cargas adicionales.
