La iniciativa de la parlamentaria por la región de Los Lagos, Emilia Nuyado, modifica la Ley Zamudio y el Código Penal para incluir explícitamente la condición de persona con Trastorno del Espectro Autista (TEA) como causal de discriminación y como agravante específico de delitos
Tras los brutales hechos de acoso, tortura y vejámenes sufridos por un funcionario con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Hospital Base de Osorno, la diputada del Partido Socialista por el distrito de Los Lagos, Emilia Nuyado, anunció la presentación de un proyecto de ley que busca otorgar protección legal reforzada a las personas neurodivergentes, respaldado por la bancada de los diputados y diputadas socialistas.
El caso, ocurrido entre 2018 y 2020 pero conocido públicamente hace pocos días, revela la cruel discriminación y violencia sistémica que enfrentan las personas con TEA.
En este sentido, la diputada Nuyado, señaló que “el proyecto de ley que estamos presentando propone dos modificaciones legales concretas:
“Que se incorpore de manera explícita la condición del espectro autista entre los motivos por los cuales se considera discriminatorio cualquier distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable. Esto permitirá a las víctimas interponer acciones por discriminación arbitraria con base en esta condición específica y por otro lado, propone una modificación al Código Penal donde se agregue la misma condición como una circunstancia agravante especial de la responsabilidad penal. Esto significa que, si se comete cualquier delito en contra de una persona por ser TEA o neurodivergente, la pena aplicada al victimario podrá agravarse”.
La diputada Danisa Astudillo, integrante de la comisión de Salud y parlamentaria por la región de Tarapacá señaló “lo sucedido con este trabajador del Hospital de Osorno, la verdad es que nos conmueve, nos escandaliza y nos horroriza. Y ningún trabajador debiera sufrir vejámenes como los que él sufrió durante varios años. Pero esta situación es más grave aún porque se trata de una persona del espectro autista que seguramente tuvo menos herramientas para defenderse. Por ahora sabemos que se pueden aplicar muchas leyes porque estos funcionarios, estos torturadores, infringieron el estatuto administrativo, la ley Karin, infringieron la ley Zamudio y la ley TEA. Sin embargo, para que no quede ninguna duda y para que la justicia actúe en rigor, vamos a especificar la ley para que este caso sea tomado como un ejemplo, que sirva para que nunca más se torture a una persona que es parte del espectro autista”, enfatizó.
Por su parte, el jefe de la bancada socialista, Juan Santana, indicó “esta situación nos parece completamente inaceptable. Y toda vez que existe en nuestro país una legislación que busca evitar y combatir la discriminación en espacios como los espacios laborales, queremos incorporar hoy día dentro de la Ley Zamudio un aspecto que dice relación con las personas del trastorno de espectro autista que a lo largo de nuestro país, en nuestros propios distritos, son muchos y miles y que naturalmente queremos evitar de que se produzcan situaciones discriminatorias en contra de cada uno de ellos”, afirmó el diputado por la región de Atacama.
Arturo Barrios, diputado por la región de Valparaíso, condenó el hecho “No exigimos sumario, exigimos todo el rigor de la ley y del estado de derecho para con estos torturadores. Una persona que tiene y que es parte de la neurodiversidad, que tiene su condición TEA, que tiene espectro autista, no puede ser considerada como una persona menor, no puede ser considerada como una persona desigual. Existe absoluta discriminación en este caso, discriminación, tortura física, psicológica y verbal”.
El diputado Leonardo Soto, legislador por el distrito nº 14 de la región Metropolitana dijo “Vamos a elevar esta condición de TEA como agravante de la responsabilidad penal de los autores respecto de este hecho, para que se aumenten las penas, (…) porque los TEA tienen una condición especial, y requieren un tratamiento especial, y su responsabilidad cuando cometen delitos contra ellos tiene que tener también una elevación especial para que tengamos sanciones verdaderamente disuasivas.”
La diputada por la región de Los Ríos, Ana María Bravo, sostuvo “es nuestro deber como Estado y también como sociedad proteger y, por supuesto, lograr que no exista este tipo de discriminaciones y maltrato. Es por eso que consideramos que proyectos de ley como estos son un apoyo a una obligación que idealmente no debería ser una obligación, sino que, a través de la concientización, cambiar como sociedad, ser más empático, y también ir avanzando en una verdadera inclusión y en la protección efectiva de todas las personas, desde la sociedad a todas”.
