Chile avanza hacia una estructura demográfica envejecida. El Censo 2024 confirma que las personas de 65 años o más alcanzan el 14% de la población, consolidando una tendencia sostenida desde 1992.
En paralelo, los sistemas de vigilancia internacional muestran mayores tasas en la identificación de personas autistas por mejoras en los procesos diagnósticos y oportunidades de acceso. La consecuencia es ineludible. Cohortes crecientes de personas autistas transitarán a la adultez y vejez demandando apoyos interdisciplinarios continuos, coordinados y culturalmente sensibles.
En concordancia, el marco normativo nacional ha avanzado de manera significativa. La Ley 21.545 consagra la atención integral a lo largo del curso de vida y, en la misma línea, el Ministerio de Salud publicó en 2024 el Protocolo de Abordaje Integral y, en 2025, el Protocolo de Detección, Derivación y Seguimiento, orientado a articular los sistemas de salud y educación. Sin embargo, persisten vacíos operativos para la adultez y la vejez, ya que faltan rutas claras en atención primaria, salud mental y geriatría; estándares de accesibilidad comunicativa y sensorial; y articulación con cuidados de largo plazo y apoyos comunitarios.
En este sentido, “Chile Cuida”, red que conecta instituciones, programas y servicios para ofrecer apoyos y cuidados a personas que requieren asistencia en actividades diarias y a las personas cuidadoras, abre una ventana de oportunidad.
Integrar explícitamente las necesidades de personas autistas adultas y mayores permitiría reducir años vividos en situación de discapacidad y dependencia evitables, mejorando funcionalidad, participación y calidad de vida.
Además, la evidencia advierte comorbilidades médicas y de salud mental más frecuentes en la adultez y vejez autista.
Por ello, se requieren equipos interdisciplinarios formados en autismo y envejecimiento, seguimiento longitudinal y métricas de resultado que vayan más allá del conteo de prestaciones.
Este no es un asunto sectorial, sino de ciudadanía y justicia, donde la participación efectiva de personas autistas adultas y mayores en decisiones que impactan en su vida, exige accesibilidad real, representación y ajustes razonables. Las instituciones deben garantizar que la voz autista no solo sea escuchada, sino incorporada en el diseño, la implementación y la evaluación de políticas.
Por estos motivos, es importante siempre recordar que, del diagnóstico a la vida cotidiana, el desafío es desplegar rutas de apoyo que combinen accesibilidad, continuidad y corresponsabilidad en los territorios. Esto, es una agenda de hoy, no del futuro.
