Desde el evento minero más importante del país, Exponor 2026, el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, llamó a la industria y al Estado a “cooperar en la protección de la integridad de la cadena minero-portuaria”, para evitar la penetración del crimen organizado, todo ello, en el contexto de la próxima puesta en marcha del Corredor Bioceánico Capricornio.
Castro Bekios fue uno de los expositores en el seminario “Liderazgo estratégico, valor compartido y territorio”, realizado esta mañana en el recinto ferial, donde compartió tribuna con el subsecretario de Minería, Álvaro González, y el director de Codelco y ex ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitrán, entre otros importantes invitados.
Se trata de la primera vez que un fiscal regional participa en este encuentro de la industria minera que, en su actual versión, reúne a 1.380 empresas expositoras, de 36 países, proyectando negocios por más de 1.000 millones de dólares.
POTENCIAL
Durante su intervención, Castro Bekios destacó el potencial de desarrollo y crecimiento que ofrece el corredor bioceánico para Chile, y en particular, para la Región de Antofagasta, pero enfatizó que, al ser una infraestructura de “doble uso”, también actúa como un multiplicador de amenazas, pues “la misma reducción de tiempo y costos que ofrecerá al comercio, puede ser aprovechada por las organizaciones criminales”.
El persecutor mencionó que este riesgo se ve acentuado por cuatro hitos hemisféricos recientes, como son la operación “Lanza Sur” de EE.UU. (control de narco rutas en el Pacífico); la caída del régimen de Nicolás Maduro; la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (apodado “Mencho”), y la alianza Escudo de las Américas (también promovida por EE.UU.), que están reconfigurando la oferta, rutas y actores del crimen organizado, conformando, junto al corredor bioceánico, una “tormenta perfecta”.
Castro Bekios puso como ejemplo las extraordinarias cifras de incautaciones de drogas que ostenta la región, con 40,2 toneladas decomisadas este año (266% más que a la misma fecha de 2025) y 105,8 toneladas desde octubre de 2023, con una curva de crecimiento que, incluso sin el corredor, ya es vertical.
Fundado en este análisis, identificó diez vectores de riesgo para nuestro país, a saber, llegada de organizaciones criminales transnacionales, tráfico ilícito terrestre, irrupción de drogas sintéticas, corrupción institucional, tráfico ilícito marítimo y portuario (todos con calificación de riesgo crítico), además de lavado de activos, minería ilegal, contrabando, convergencia crimen-terrorismo (riesgo alto) y cibercrimen (riesgo medio).
Al abordar el escenario minero en particular, el fiscal dijo que la cadena de producción minera puede verse amenazada por situaciones como robos en faena, aparición de contratistas-fachada, adulteración de ley mineralógica, uso de camiones de doble fondo para transporte de cargas ilícitas, uso de técnica del “gancho ciego” para tráfico de drogas en contenedores portuarios, mezcla de cobre lícito y robado, fraudes, triangulación de capitales, etc.
Con toda esta información, la autoridad del Ministerio Público vaticinó que la minería y los puertos se transformarán en el núcleo de desarrollo más atractivo del Cono Sur, y trazó tres escenarios probables dependiendo de la calidad, velocidad y proporcionalidad de la respuesta institucional en la ventana 2026–2028.
Un escenario adverso, donde el corredor configura una “autopista para el delito”; un escenario intermedio, donde se logra una “contención parcial de los riesgos”, y uno “favorable”, en que Antofagasta es un “modelo de desarrollo para el Pacífico Sur”.
PROPUESTAS
A continuación, el Fiscal Regional planteó 24 propuestas en cuatro dimensiones (Arquitectura de Seguridad, Inteligencia Financiera, Ecosistema Minero-portuario y Cooperación Internacional), cada una de ellas con diferentes horizontes de implementación.
Entre las más urgentes mencionó la creación de un Centro de Inteligencia Portuaria Conjunto (CIPCO), pasos Jama y Sico con cobertura 24/7, la creación de un equipo interagencial para delitos en minería, un aumento de analistas criminales, la creación de un registro de empresas exportadoras y contratistas, el sellado electrónico de contenedores, el aumento del porcentaje contenedores inspeccionados en origen, y la suscripción de un “protocolo de inteligencia” para los puertos de destino.
En un horizonte de “corto plazo”, el fiscal sumó vigilancia de franja ciega en pasos fronterizos, reforma al régimen de Zofri, trazabilidad de blockchain cobre, la suscripción de un acuerdo marco del corredor, seguimiento al nexo crimen organizado-terrorismo, y la revisión de la ley que establece la responsabilidad penal de personas jurídicas.
“Estamos ante una oportunidad de crecimiento histórico. Para liderar este mercado frente a los nuevos desafíos de seguridad, la clave no será el azar, sino la excelencia preventiva: el Estado debe asegurar el blindaje institucional, mientras el sector privado eleva sus estándares de compliance y debida diligencia a un nivel de clase mundial”, manifestó.
Aunque la implementación de todas estas medidas tiene un costo muy importante para el Estado y los operadores, entre 130 y 190 millones de dólares, el persecutor dijo que el ahorro/beneficio neto de estas medidas puede oscilar entre 1.150 y 1.750 millones de dólares anuales, a partir de 2028. “La pregunta no es si Chile puede pagarse la respuesta proporcional, sino si puede pagarse no hacerla”, exhortó el persecutor.
En el cierre de su exposición, el fiscal Castro Bekios manifestó que este análisis no cuestiona la viabilidad del corredor, sino que busca dotarlo de la resiliencia estratégica necesaria para materializar sus oportunidades de inversión, garantizando un ecosistema logístico próspero y libre de interferencias ilícitas. “La certeza institucional es la mejor inversión”, subrayó.
