Debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, la inseguridad alimentaria en Chile se pudo visibilizar como una realidad urgente. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a lo menos 400 mil personas se sumarían al número de individuos con inseguridad alimentaria severa, como resultado del eventual aumento en la tasa de cesantía, la pérdida de ingresos y, por ende, la limitación al acceso de alimentos nutritivos.
Por esta razón, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Elige Vivir Sano publicó el Plan de Seguridad Alimentaria, que expone 29 medidas para aminorar los potenciales efectos de la pandemia en la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables.
Si bien los esfuerzos de este plan llegan a aliviar la incertidumbre de muchos chilenos, ¿cómo podemos asegurar que la ayuda sea suficiente y se mantenga el tiempo que se requiera?
Para ello, se puede proponer estrategias adicionales orientadas complementar los ejes de acción impulsados por el Gobierno, por ejemplo, capacitar a las organizaciones civiles para apoyar en el catastro de familias afectadas y/o beneficiadas por las estrategias de gestión de emergencias sanitarias, además de aumentar la cantidad personal sanitario como nutricionistas y kinesiólogos en los establecimientos de salud.
También, sería importante implementar un subsidio a los alimentos saludables pues, frente a una disminución en los ingresos de la población, las preferencias alimentarias se ven seriamente afectadas, optándose por productos de baja calidad nutricional y altos en nutrientes críticos.
La reactivación del Programa Alimentario Escolar es vital dado que posiblemente la comida que recibían sus beneficiarios podría corresponder a la más importante (y en algunos casos, la única).
Finalmente, podrían generarse medidas económicas de protección al precio de los alimentos e incentivar la producción y comercio de pequeños agricultores como actores principales en el abastecimiento de determinadas localidades del país.
Todas estas propuestas nos hablan de la deuda socioalimentaria que el país tiene con las familias chilenas, recordándonos que el derecho a la alimentación es fundamental y es deber del Estado velar porque así sea.
