Un cuestionamiento al nuevo sistema de protección de menores en situación de vulnerabilidad realizó el académico de la UTalca, Isaac Ravetllat. El experto recordó que el Servicio Mejor Niñez reemplazará al Sename a partir del 1 de octubre, con el objetivo de mejorar las condiciones de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en bajo tutela del Estado, sin embargo enfatizó, el marco legal que lo rige aún no está aprobado.
Ravetllat, quien es director del Centro de Estudios sobre la Infancia y la Adolescencia (CEDIA) de la Universidad de Talca, precisó que “la ley que incorpora este modelo mixto todavía no ha sido aprobada”, lo que calificó como “construir una casa por el tejado, porque el modelo se basa en una normativa que aún no ha entrado en vigor”.
Según el abogado, la definición del tema se encuentra actualmente en el Tribunal Constitucional, lo que podría generar dificultades en la implementación del nuevo sistema. “Al primer problema que haya, el Servicio Mejor Niñez se va a caer como un castillo de naipes, y ese es el miedo que tengo”, añadió.
Un cambio necesario
La modificación del sistema se enmarca en una serie de irregularidades detectadas por la justicia al interior de los centros de menores. “La historia del Sename es una teñida de errores y probablemente de no darle la importancia a esos niños, niñas y adolescentes”, aseguró el especialista.
“En 2020 y lo que llevamos del 2021 han muerto 122 niños que están bajo el cuidado del Estado, una muestra más de las falencias del actual sistema”, puntualizó el académico que también es coordinador de la Red de Universidades por la Infancia (RUPI).
Por esa razón calificó como necesaria la reforma. “La parte positiva del Servicio Mejor Niñez es que se introducen más recursos a todo el ámbito de la protección de la niñez y la adolescencia”. Cabe consignar que, con este cambio, todos los temas de protección de niñez en situación de vulnerabilidad pasan al Ministerio Desarrollo Social y Familia. En tanto, lo referido a la justicia juvenil continúa a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
A pesar de los beneficios que presenta el proyecto, el abogado aseguró que existen ciertos problemas en el modelo y podrían perjudicar su correcto funcionamiento. “No modifica el sistema de privatización del sistema de protección. Un 90% del servicio seguirá dependiendo de instituciones privadas” y agregó que “si este modelo no modifica eso, entonces ¿hasta qué punto significa un cambio real de paradigma?”, se pregunta Ravetllat.
