El diputado de la Bancada del Partido Socialista, Leonardo Soto, se refirió a la amenaza realizada por los diputados de la UDI, Henry Leal y Felipe Donoso, quienes advirtieron: “Si la ministra de Justicia, Marcela Ríos, cede a la huelga de hambre del líder de la CAM Héctor Llaitul y otros tres miembros de la organización, la acusaremos constitucionalmente”.
Cabe recordar que Llaitul y los otros tres comuneros iniciarán una huelga de hambre líquida en protesta a su traslado al Centro Penitenciario de Valdivia.
«Me parece que es un acto de chantaje inaceptable, una especie de extorsión política, un acto de matonaje puro y duro de parte de la oposición a la ministra de Justicia, a quien la amenazan con la destitución si iniciara algo parecido a una negociación con respecto a comuneros en huelga de hambre; como lo que hizo -hace dos años y medios atrás- el exministro de Justicia, Hernán Larraín en el gobierno de Sebastián Piñera», comenzó señalando el parlamentario socialista.
«Es decir, se le exije a la ministra de Justicia no hacer algo que sus propios ministros en el gobierno anterior lo hicieron varias veces», afirmó el diputado Soto respecto de la huelga de hambre del machi Celestino Córdova y la iniciada por los primos José y Luis Tralcal», prosiguió.
A juicio del legislador, se trata de un «chantaje» que es además ilegal: «Porque estamos a solo 10 días de que la Contraloría General de la República haya emitido un dictamen que señala expresamente que habiendo una huelga de hambre de parte de internos en un recinto penal, eso mismo constituye una falta grave al reglamento y no puede jamás conducir a la entrega de un beneficio carcelario en favor de los mismos huelguistas».
Por tanto, dijo, la ministra de Justicia sabe muy bien -y lo ha dicho- que hay que acatar este dictamen y, por ello, no incurrirán en un desacato. Por lo demás, quienes emitieron la orden de cumplir las condenas de los comuneros mapuches en Valdivia son los Tribunales de Justicia. Entonces, no entiendo a quiénes hacen el emplazamiento la oposición, ¿al Poder Judicial o al exministro Larraín?».
