El Movilh repudió el homicidio, pidió la intervención del Ministerio de Interior e informó que de comprobarse un crimen de odio, aumentarían en 100% los asesinatos homo/transfóbicose en el transcurso de este año, en comparación al 2021.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) lamentó y repudió hoy el crimen que el pasado fin de semana quitó la vida a la vocera del “Club de Adultos Mayores Sobrevivientes del 73”, ex dirigenta del colectivo Cartagena Atlético y activista trans, Claudia Díaz Pérez (73).
El cuerpo de la mujer fue encontrado ayer sin vida en su domicilio, en la Calle Mariano Casanova, a una cuadra de la Plaza de Armas, en Cartagena. El jefe de la Brigada de Homicidios, subprefecto Ricardo Castillo, dijo al diario el Líder que la víctima “mantiene una lesión compatible con la acción de terceros, en la cabeza presenta una lesión frontal que le habría provocado la muerte con una data de 24 horas”.
El crimen de la propietaria de la “Peluquería Salón Claudita Unisex” fue calificado como “un hecho triste, doloroso, lamentable y sobrecogedor” por el Movilh.
“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a todos los seres queridos de Claudia y, con la misma fuerza, exigimos al Ministerio Público y a las policías que investiguen con celeridad y la máxima rigurosidad este asesinato, de manera de aclarar si estamos o no en presencia de un crimen de odio. Si bien Claudia pudo haber sufrido el robo de algunas de sus pertenencias, ello en ningún caso permite descartar un móvil transfóbico”, señaló la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga.
Añadió que “hemos entregado todos los antecedentes disponibles del caso al Ministerio del Interior, de manera que presten toda la asesoría legal y psicológica gratuita a los seres queridos de Claudia para dar con la verdad de lo ocurrido y acompañarles en estos difíciles momentos”.
El Movilh enfatizó que “de comprobarse que el fallecimiento de Claudia es un crimen de odio, estaríamos en presencia de un aumento del 100% de los asesinatos homo/transfóbicos en relación al 2021, un incremento preocupante y explosivo que nos lleva una vez más a exigir a las autoridades que apoyen decididamente la creación de una institucionalidad estatal antidiscriminatoria en Chile”·
