¿Por qué seguimos usando el concepto de sequía para referirnos a un fenómeno que se ha mantenido durante 15 años? “Tiempo seco de larga duración”, dice la RAE pero, como definición, es ambigua. Entonces, ¿será correcto seguir llamando así a un fenómeno que dejó de ser excepcional?
Si el estado de sequía pasó a ser la norma, es hora de asumir que la actual es nuestra línea base. No podemos seguir hablando de sequía, “la sequía se acabó”, y tenemos que empezar a administrar nuestros balances hídricos desde este nuevo entendimiento.
Asumir esta nueva condición nos debiera permitir hacer una pausa para pensar, proyectar y planificar las políticas públicas que requiere esta realidad, sin frases altisonantes sino con pragmatismo y decisión.
Necesitamos nuevas fuentes de agua, es urgente y no es opcional. La eficiencia hídrica es clave, el reúso nos puede aportar muchísimos metros cúbicos al balance, pero el “80/20 de Pareto” está -definitivamente- en el mar y es ahí donde hay que apuntar los esfuerzos, en la desalinización.
Sin embargo, la realidad ha dejado en evidencia que el mero surgimiento de iniciativas privadas de desalinización dedicada es ineficiente y genera potencial desequilibrio social, tratándose de un bien que es esencial para el desarrollo de toda actividad humana.
Estas iniciativas ciertamente son legítimas y, si bien apuntan al camino correcto, buscando satisfacer necesidades para zonas e industrias determinadas, desaprovechan una gran oportunidad, porque el costo de aumentar el tamaño de diseño de una planta desaladora, de forma de satisfacer múltiples necesidades hídricas, es marginal en comparación con la alternativa de construir dos o más de ellas, o ninguna.
Es en estos casos, cuando la iniciativa privada no es capaz de capturar ciertas eficiencias de beneficio colectivo, donde entendemos debe intervenir el Estado en su rol regulador. Por ello estimamos que Chile debe avanzar hacia una Política Nacional de Desalinización y que todos debemos sumarnos al debate que se ha abierto en torno al proyecto de Ley sobre uso de agua de mar para desalinización y donde propone la creación de una Estrategia Nacional de Desalinización.
La clave del éxito estará en el diseño de una política que fomente e incentive la inversión privada rentable en una red de infraestructura desalinizadora con vocación multipropósito, bajo el liderazgo de un Estado que proponga las bases para el desarrollo de una actividad estratégica en forma coordinada y armónica. Un Estado que tome el timón de un barco en el cual remen múltiples actores.
Cuenten con nuestra participación.
