La madrugada de este viernes 1 de marzo abandonaron nuestro país 45 personas extranjeras expulsadas en un avión de la FACH, acompañadas por sus respectivos escoltas. 23 de las expulsiones corresponden a judiciales y 22 a expulsiones administrativas dictadas por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG). Este vuelo abandonó el Grupo 10 de la FACH, en Santiago, con las primeras 34 personas expulsadas. El avión hizo escala en la base aérea Los Cóndores, en Iquique, donde abordaron las 11 personas restantes. Desde ahí despegaron con destino a Bolivia, Colombia, Ecuador, República Dominicana y Haití.
Nuestro gobierno y SERMIG prioriza la expulsión de las personas que han cometido delitos en el país y que tienen antecedentes penales. Las personas con expulsiones judiciales tenían antecedentes por delitos como tráfico ilícito de drogas, robo con violencia, robo con intimidación, receptación de vehículos motorizados, robo por sorpresa, robo en lugar habitado, y porte ilegal de arma.
En cuanto a las personas que fueron expulsadas por orden administrativa, corresponden a situaciones como ingreso por pasos no habilitados, fabricación y tráfico de armas de fuego, robo con intimidación, delitos asociados a la ley 20.000, uso fraudulento de tarjetas y tener el permiso de turismo vencido.
Este Gobierno ha gestionado 10 vuelos chárter para la expulsión de personas extranjeras que no han cumplido con las normas en nuestro país. Además, considerando esos vuelos y otros medios de expulsión, como la terrestre, en los dos meses que llevamos de este 2024, el SERMIG junto a la PDI han materializado 178 expulsiones: 97 administrativas y 81 judiciales.
Además de las expulsiones, el Gobierno está implementando una batería de medidas preventivas, que nos permiten fortalecer la seguridad en nuestro país. Entre ellas, reforzar el control de nuestras fronteras, que ha permitido que el 2023 ya se evidenciara una baja en las denuncias por ingreso irregular, que disminuyeron en un 18% y las detenciones en frontera bajaron un 21%.
Luis Eduardo Thayer, director del SERMIG, explicó que “las expulsiones de personas que tienen antecedentes y han cometido delitos es una prioridad para nuestro Servicio y forman parte del eje de seguridad de la Política Nacional de Migraciones y Extranjería. Estamos focalizados en mejorar la gestión migratoria junto con aplicar las sanciones migratorias correspondientes a quienes no cumplen la ley en nuestro país».
Por su parte, el Prefecto Inspector Christian Sáez, jefe Nacional de la Jefatura de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, comentó que “con estas expulsiones, la PDI cumple su deber, ejecutando las resoluciones emanadas de las autoridades correspondientes, coordinando con diversos organismos a nivel nacional, para materializar estas expulsiones. Las judiciales corresponden a extranjeros que se encontraban cumpliendo condena en las ciudades de Calama, Vallenar, Iquique, Antofagasta, Rancagua y Santiago. Las administrativas son extranjeros de Santiago, Rancagua, Chillán, Vallenar, Iquique, Antofagasta, Puerto Natales, Temuco y Arica”.