A través de redes sociales, el alcalde Maximiliano Ríos señaló que ayer se tomó una «medida muy importante y significativa», ya que por primera vez se está regulando el horario de los recintos deportivos para evitar incivilidades. Sin embargo, la diputada Erika Olivera indicó que «nadie merece vivir con temor e inseguridad, pero restringir el deporte no es el camino».
Este miércoles, la Secretaría Municipal de la Municipalidad de Lo Prado dictó un decreto que regula los horarios de funcionamiento de los recintos deportivos de acceso público de la comuna, estableciendo horarios entre las 5:30 a.m. y las 10:30 p.m. Esto se debe a los incidentes que ocurren después de la actividad deportiva, los que, según indica el alcalde de la comuna, se producen hechos como el microtráfico, riñas y otros desórdenes.
La polémica ordenanza señala que “se entenderá por Recinto Deportivo de acceso público todo inmueble y espacio físico, localizado en la comuna de Lo Prado, cuyo principal y único destino es la actividad de índole deportiva, física y de aptitud física, que se desarrollen al aire libre o en recintos cerrados, total o parcialmente, que permitan el acceso público ya sea de forma gratuita u onerosa». Además, fija multas hasta por 5 UTM, lo equivalente a más de 300.000 pesos.
En el video publicado en las redes sociales del municipio, la máxima autoridad de la comuna, Maximiliano Ríos, hizo un llamado a que “no se confunda la comunidad”. “Estamos muy conformes y sabemos que estamos dando un paso más para dar paz y tranquilidad a nuestros vecinas y vecinos”. Sin embargo, esto desató una ola de críticas por parte de los usuarios de Instagram.
Al respecto, la diputada del Partido Demócratas, Erika Olivera, vio con preocupación la decisión tomada por el Consejo Municipal y señaló: “Nadie merece vivir con temor ni inseguridad. Pero restringir la práctica del deporte no es el camino. Son muchas las personas que su único momento en el día para practicar deporte es precisamente en la noche, luego de sus trabajos”. Indicó que oficiará a la Contraloría General de la República, a fin de que se pronuncie respecto a la legalidad de la medida. Y espera que el municipio tome medidas de prevención y resguardo de los recintos deportivos mediante la acción coordinada con Carabineros y el Ministerio Público.
