Vecinos afectados por el megaincendio de Viña del Mar expusieron ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, nuevos antecedentes respecto al desarrollo y gestión de la emergencia, que terminó cobrando 137 vidas y más de 6 mil viviendas, convirtiéndola en una de las mayores tragedias que han ocurrido en nuestro país.
Gracias a esta instancia, se han dado a conocer públicamente diferentes incumplimientos, como lo expuesto por dirigentes del Sindicato Nacional de Profesionales de Conaf, donde se denunciaron contrataciones irregulares y la eliminación de registros clave durante el desarrollo del incendio.
También a través de la Comisión Especial Investigadora se ha podido recabar mayores antecedentes, entregados directamente por vecinos, que vivieron en carne propia el infierno del día 2 de febrero de este año: “Aquí fallaron todos los sistemas (…) No había nada, solamente carros de Bomberos, pero no había autoridades durante la evacuación”, precisó en la instancia Carlos Orellana, padre de Anastasia.
¿Para qué sirve la Comisión Especial Investigadora?
La formación de una Comisión Especial Investigadora es una de las formas en que la Cámara ejerce su función fiscalizadora de los actos del Gobierno, pero no compromete responsabilidad jurídica. Al respecto, Felipe Lizama, académico Derecho Constitucional Usach, comentó que: “Lo que se pretende es examinar las consecuencias políticas de determinadas actuaciones” en las que hayan incurrido autoridades.
En esa línea, el jurista aclaró que “eso corre por cuerda separada respecto a la responsabilidad penal y civil que pueda emanar de estos hechos de grandísima connotación, como son las omisiones en el gravísimo incendio que ocurrió” en la Región de Valparaíso. “Se va a discutir si los órganos, con la omisión de sus deberes, comprometen la responsabilidad política del Gobierno respecto a esta situación, que derechamente es inaceptable”, detalló.
Sin embargo, Lizama explicó que “no porque exista esta Comisión un Ministro va a ser destituido”, sino que la instancia permite a la Cámara de Diputados ejercer su rol fiscalizador.
Por su parte, Felipe Olea, abogado representante de 78 familias de 33 fallecidos durante el megaincendio, señaló que “hemos asistido a la Comisión Especial Investigadora con la esperanza de visibilizar que la responsabilidad en este megaincendio no se encuentra únicamente en los dos imputados que hoy cumplen prisión preventiva”. En esa línea, enfatizó que el siniestro “que terminó con la vida de 137 personas, es un asunto que se debe más a la falta de gestión, de liderazgo de las distintas autoridades de la región”.