A un año de implementarse la etapa de Envases y Embalajes de la Ley 20.920, el Gerente General del Sistema de Gestión exclusivo para Envases y Embalajes no domiciliarios, señala que el 85% de las empresas del sector industrial no están aplicando las nuevas normas.
La etapa de Envases y Embalajes de la Ley 20.920 de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (REP) cumple en septiembre un año calendario desde su implementación. Esta normativa estableció obligaciones y metas ambiciosas para el sector industrial, que es responsable del 40% del total de los residuos de Envases y Embalajes generados en el país.
Por ser el único Sistema de Gestión en Chile dedicado exclusivamente para Envases y Embalajes no domiciliarios, ProREP tiene un diagnóstico especializado de lo que está sucediendo en el sector industrial.
“El 2023 fue un periodo de declaración corto de tres meses y sirvió de aprendizaje tanto para la autoridad como para los actores regulados. Este 2024 entramos a una fase de ajuste que requiere la participación de todos los involucrados. Nuestra opinión es que aún estamos a tiempo de corregir las distorsiones asociadas a la Ley REP”, sostiene su Gerente General, Pedro Alamos.
El ejecutivo advierte sobre la distorsión de mercado que se puede generar debido a la baja adhesión de las empresas afectas, que son los productores industriales que ponen Envases y Embalajes en el mercado. Por lo tanto, regula a miles de empresas en casi todas las industrias, a diferencia de otros productos prioritarios que involucra solo a unos cientos en nichos específicos. “Que un 85% de estas empresas se esté restando, impide que tengamos una buena línea base para medir cómo vamos en las metas de valorización. Además, hace que las empresas que sí están dentro de los Sistemas de Gestión autorizados estén absorbiendo el costo y el esfuerzo del cumplimiento de la normativa, lo que no es sostenible en el tiempo”.
El análisis de ProREP es que esto ocurre por desconocimiento o por omisión de las empresas afectas. “Muchas de ellas sienten que cumplir con la Ley REP es un costo o un impuesto adicional”, señala Alamos. Para resolverlo, recomienda fortalecer la comunicación e información desde una perspectiva positiva de la economía circular, destacando sus beneficios económicos y ambientales. “Hasta ahora creemos que esta responsabilidad se ha delegado solo en los Sistema de Gestión, y aquí debe estar la autoridad, en un esfuerzo mancomunado y robusto, donde también pueden colaborar los gremios”.
Así como la ley considera incentivos para ayudar a los Consumidores Industriales a mejorar sus tasas de reciclaje, Alamos propone que se establezcan también incentivos de parte de la autoridad para los Productores que sí cumplan la normativa, a través de subsidios o subvenciones.
Señala que otro aspecto importante para abordar en el sector industrial es mejorar la segregación y trazabilidad de los residuos. “Muchas empresas que son Consumidores Industriales no están realizando una correcta segregación de residuos, lo que tiene un impacto negativo dado que residuos potencialmente valorizables están terminando en un vertedero”, asegura.
El apoyo técnico y la capacitación aquí es fundamental, considerando las distintas materialidades y complejidades de cada industria, que es una tarea que desde ProREP ya están abordando a través de su participación en el reciente Acuerdo de Producción Limpia de «Industria de Manejo y Valorización de Residuos de Envases No Domiciliarios en Chile» y los Proyectos Circulares que está desarrollando en conjunto con sus empresas socias para abordar los desafíos para la industria en materia de cumplimiento de la Ley REP. “Creemos firmemente que activar instancias colaborativas multisectoriales público-privadas, son el camino correcto para cumplir el objetivo final, que es aumentar las tasas de reciclaje del país”.
Uno de los temas que el ejecutivo descarta es la revisión de metas y plazos ya establecidos para Envases y Embalajes no domiciliarios, una alternativa que considera la Ley REP cada cinco años. “Sería una muy mala señal porque desincentivaría las inversiones y la instalación de capacidades que nuestro país requiere con urgencia, sobre todo en regiones”. Por el contrario, plantea la necesidad de que la autoridad ambiental comience las fiscalizaciones para que el riesgo de las multas —que pueden llegar hasta 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA) — sea una realidad tangible.
Finalmente, Pedro Alamos advierte sobre el peligro de caer en la sobrerregulación. “Un ejemplo de ello es artículo 2.084 que impone a los Sistemas de Gestión una declaración mensual que no tiene mucha razón de solicitarse, ya que duplica información que ya se entrega por otras vías”.
En este sentido, enfatiza la necesidad de reenfocar los esfuerzos en elaborar los reglamentos que están pendientes del diseño normativo, que son claves para que la Ley REP tenga éxito, como aquellos asociados a ecodiseño, proyectos para la reducción de residuos, entre otros.
