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Dura disputa entre funcionarios del Congreso y el secretario general del Senado

El simulacro reprodujo las exigencias formales de evaluación para escolares de cuatro establecimientos locales, en el marco de una alianza formativa con el Preuniversitario Pedro de Valdivia que busca reducir brechas y que acumula 400 beneficiarios en la zona.

El pasado viernes 13 de septiembre, después de 6 meses de espera, la Corte Suprema emitió su fallo en relación con la acción de protección interpuesta por el ex Fiscal del Senado, Javier Norero, acción que había acogido la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por estimar que la destitución dispuesta por el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, era “arbitraria e ilegal”.

En su decisión, el máximo Tribunal del país ratificó, por la unanimidad de los integrantes de la Tercera Sala, el criterio sustentado por la referida Corte y ordenó al Senado de la República “al reintegro del actor, con el entero pago de sus remuneraciones a la fecha de dicha reincorporación”.

Frente a esto, la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional (FEDACON), en conjunto con la ANEF y la CUT, realizaron una detallada declaración pública:

«La destitución del ex Fiscal del Senado, como se afirmó desde el primer día de ocurridos los hechos, fue una decisión adoptada por el secretario general con infracción a la ley, a la jurisprudencia administrativa y a la reiterada jurisprudencia judicial del máximo Tribunal del país, que no sólo implicaba una vulneración de los derechos fundamentales del señor Norero, sino que, además, importaba el desconocimiento de un derecho sindical y gremial histórico de los funcionarios públicos, como es, el reconocimiento y protección de la confianza legítima, dañando de manera irreparable a la institución. La acción vulneratoria del Secretario General, prototipo de liderazgo tóxico en el Estado, además de la referida afectación de los derechos fundamentales, va en contra de los principios esenciales que resguardan la función pública y retuerce las normas que el propio Congreso Nacional ha aprobado».

«Además de lo anterior, la ilegalidad en que incurrió el Secretario General reviste la mayor gravedad, puesto que por su profesión, cargo y en su calidad de ministro de fe en la formación de la ley, conocía perfectamente las normas y principios que rigen al personal de la Corporación y -no obstante ello- a costa de la institución y su prestigio, optó por obrar contra derecho, dándose un gusto con la desvinculación ilegal del ex fiscal, lo que significará para el erario público una pérdida de más de 118 millones de pesos, correspondientes a las remuneraciones adeudadas al Sr. Norero, además del costo de casi 70 millones de pesos que ha irrogado a la Corporación el sueldo del profesional que el Secretario General trajo para desempeñar las mismas funciones del ex fiscal (cuando ya había sido declarada ilegal la desvinculación por la ICA de Valparaíso).Debemos enfatizar que no es cierto que su cargo no exista, sólo se cambió su denominación, asignándole –incluso- una mayor letra al nuevo funcionario en reemplazo».

«La actuación ilegal del Secretario General en este caso, confirma -una vez más- que su conducta no se condice con los cánones esperables de la función pública, lo que ya había sido señalado en sentencia definitiva dictada por un Juzgado del Trabajo, con fecha 15 de marzo de 2024».

«No debemos permitir que sigan sucediendo nuevas ilegalidades, arbitrariedades y abusos de poder que comprometan no solo la función pública, el erario fiscal y la reputación de instituciones gravitantes para el país, sino que, además, enlodan gravemente la fe pública que en ellas reside.APOYO PARLAMENTARIO».

«Hemos llegado a un punto de inflexión entre quienes están con los trabajadores o sin ellos, es por ello que aprovechamos la instancia para agradecer públicamente a las senadoras y senadores que han respaldado y acompañado a los funcionarios y han solidarizado con esta causa las Honorables Senadoras, señoras Yasna Provoste, Carmen Gloria Aravena, Alejandra Sepúlveda, Fabiola Campillai, Claudia Pascual e Isabel Allende y los Honorables Senadores señores Iván Flores, Fidel Espinoza, Ricardo Lagos, Alejandro Kusanovic, Iván Moreira, Juan Ignacio Latorre, Esteban Velásquez, Gastón Saavedra, Rojo Edwards, Juan Castro Prieto, Daniel Núñez y Karim Bianchi  y esperamos que muchos más se adhieran».

«Finalmente, debemos recordar que por situaciones de menor entidad otras autoridades han dejado sus cargos compelidos por su propia ética y moral. Es necesario, por el bien de nuestra República y del buen funcionamiento de sus instituciones, que el señor Raúl Guzmán tenga, por fin, un gesto de grandeza y de un paso al costado».

Lo del apoyo de parlamentarios es cierto, ya que en la edición del 20 de septiembre de El Mostrador, el senador Lagos Weber (PPD) comentó que «este es un tema que lleva casi un año y es tiempo que se establezca un cierre definitivo de acuerdo a lo que dice este fallo. No se puede seguir con una disputa que afecte a la institución. Régimen Interior deberá dar las luces de cómo enfrentar este tema a la luz de estos nuevos antecedentes».

De manera mucho más directa y con evidente molestia, el senador Fidel Espinoza (PS) también dijo en El Mostrador que “es muy lamentable que los integrantes de la Comisión de Régimen Interno no hayan dimensionado la gravedad de los hechos. Muchos senadores guardaron un cómplice silencio. En esa comisión se ‘cocinan’ muchas cosas, como la impresentable permanencia de los exparlamentarios en la Comisión de Asignaciones Parlamentarias. Lamento profundamente la crisis que esta viviendo el Senado con esta situación. Espero marque un antes y un después en el buen trato que debe darse siempre a los funcionarios”.

Para el senador Iván Flores (DC) otro de los aspectos graves es el costo económico que todo esto ha significado para el Senado. «Aquí la Corporación va a tener que pagar un sueldo por 10 u 11 meses en que el señor Norero no trabajó. La pregunta es, habiendo el Senado contratado a otra persona con un cargo distinto, pero entiendo ocupando parte de ese presupuesto, ¿de dónde va a salir la plata para pagarle los meses que el señor Norero no trabajó y que hoy día deben pagarse? Son más de 80 millones, claramente va a afectar el presupuesto de la Corporación. Y ¿quién paga las costas del juicio? Creo que la Corporación no debe pagar costa alguna. ¿Quién las paga? (…) Entonces tenemos un problema de costas (…). Hay varias cuestiones que deben resolverse y no solamente en la Comisión de Régimen Interior y la Mesa, por cierto, en la Comisión de Ética que debe ser convocada (…), esta es una cuestión que claramente marca un precedente complicado y es un mal precedente para el Senado”, apuntó el parlamentario en el mencionado medio digital.

Como si fuera poco, en El Mostrador se señala que el colmo para los detractores de Guzmán fue su aparición en el caso Hermosilla, donde el abogado es investigado por la Justicia por un chat con el Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma.

 

 

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