Sin cambios se mantienen las medidas cautelares que pesan sobre uno de los tres imputados por el megaincendio de Viña del Mar y Quilpué, que el pasado 2 y 3 de febrero, cobró la vida de 137 personas. De esta forma, Franco Pinto, brigadista de Conaf y presunto autor del fuego que se transformó en una de las mayores tragedias que han afectado a nuestro país, se mantendrá en prisión preventiva mientras se extienda la investigación.
Al respecto, Felipe Olea, abogado querellante que representa a familiares de más de 40 víctimas fallecidas en el megaincendio, precisó que “enhorabuena el juzgado de garantía de Valparaíso decidió mantener las medidas cautelares que afectan al imputado Franco Pinto, quien en definitiva continuará en prisión preventiva en el penal Santiago Uno. A nuestro parecer, no existe ningún nuevo antecedente que permita estimar que las circunstancias que llevaron que hace cuatro meses no sólo se le considerara un peligro para la sociedad, sino que su prisión fuera necesaria para los fines del procedimiento, permitiera fundar las aspiraciones de su defensa”.
En esa línea, Olea agregó que “tenemos la tranquilidad de qué el Ministerio Público se encuentra realizando un trabajo serio respecto a establecer las responsabilidades de esta tragedia, sin perjuicio que reiteramos la necesidad de avanzar un paso más allá y comenzar a formalizar a las autoridades que permitieron que este incendio forestal se transformar en urbano y terminará con la vida de más de 130 personas, destruyendo barrios completos de ambas ciudades”.
También referente a este caso, durante la noche de ayer, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Investigadora respecto a la gestión de los organismos del Estado frente a la emergencia. Es por esto que se instó a la Fiscalía a investigar las eventuales responsabilidades de Conaf, Senapred y la Delegación Presidencial Regional.
Bajo ese contexto, el jurista precisó que “celebramos que el día de ayer la Cámara de Diputados haya aprobado de una vez por todas el informe final de la Comisión Investigadora, que lamentablemente tardó más de dos meses. Los tiempos legislativos, son tiempos políticos y por lo mismo, creemos que la transparencia primó ante el deseo del oficialismo, del frente amplio, de ocultar las negligencias inexcusables en incurrieron sus autoridades, muchas de las cuales hoy buscan la reelección. En cualquier democracia seria, sería impensable que con el nivel de mentiras que ha intentado eludir su responsabilidad la alcaldesa Ripamonti, busque perseverar en su reelección”.
