Según información entregada por la misma superintendencia, habrían retrasos de más de un año en el pago a los médicos interconsultores, funcionarios clave en la evaluación de las solicitudes de las pensiones de invalidez. La deuda que se arrastra, que alcanzaba más de 3 mil millones de pesos durante el mes de diciembre, ha provocado también demoras de más de 12 meses en el pago a personas con discapacidad que necesitan de estos ingresos para subsistir.
”Las AFP y las compañías aseguradoras siguen comportándose de manera miserable con los pensionados de invalidez. Recientemente nos hemos enterado de que se han retrasado en el pago de los médicos interconsultores y en el pago también de las pensiones de invalidez, responsabilidad que tienen las AFP y las compañías aseguradoras”, partió señalando Yeomans.
“Durante el 2018 realizamos una comisión investigadora en donde ratificamos que había un control de siniestralidad que aplicaban las AFP y las compañías aseguradoras, con el fin de que las personas que sí tenían derecho a pensionarse por invalidez no recibieran su pensión y así mantener mayores márgenes en su negocio con las pensiones. Eso es inaceptable. También el conflicto de interés que existe entre las compañías, las aseguradoras y la estructura del sistema, que quedó patente y que lamentablemente por norma todavía no está prohibido”, prosiguió la parlamentaria frenteamplista.
Cabe recordar que, durante el transcurso de esa comisión, y a través de reportajes de prensa, se reveló que las AFP denegaban de manera ilegal y arbitraria el acceso a las pensiones de invalidez a sus afiliados. Incluso se conoció que altos ejecutivos de las administradoras enviaban correos a sus funcionarios felicitándolos por disminuir la tasa de personas que accedían a las pensiones de invalidez y sobrevivencia.
Por lo tanto, la diputada decidió oficiar al Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, con el fin de conocer toda la información, los procedimientos de pago que se están realizando y las medidas administrativas correspondientes que se tomen. “Además, las AFP crearon una fundación aparte, la Fundación para la Administración de las Comisiones Médicas (FACM), con el fin de saltarse la fiscalización de la superintendencia. Lo estábamos viendo con la Asociación de AFP, que se han negado a transparentar los montos de sus campañas publicitarias y lo vemos también con esta fundación, que es la encargada de realizar los pagos a los médicos interconsultores”, complementó.
Aún así, *la integrante de la Comisión de Hacienda recalcó que* “la superintendencia puede fiscalizar a cada una de las AFP y eso es lo que estoy oficiando. Y, en segundo lugar, estamos insistiendo con dos proyectos de ley que presentamos a propósito de las conclusiones de la comisión investigadora que terminó en el año 2019, para así poder terminar con los conflictos de interés patentes que siguen existiendo en materia de pensiones de invalidez”.
En concreto, son dos proyectos de ley que se encuentran en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, que tienen como objetivo terminar con los conflictos de intéres que tienen las AFP y las compañías aseguradoras y el control que tienen sobre el sistema previsional. El primero busca modificar la integración de las comisiones técnicas de invalidez, para que se compongan por funcionarios que cumplan con criterios técnicos del sector público, ya que actualmente tanto la Asociación de AFP como la Asociación de Aseguradoras de Chile A.G nombran un representante. Mientras que el segundo busca **prohibir que la licitación y adjudicación del seguro de invalidez y sobrevivencia, que lo realizan las AFP, quede en manos de compañías de seguro integradas verticalmente por ellas mismas.
