La querella por apropiación indebida y administración desleal se entabló debido a que la inmobiliaria que administra la parcelación no ha informado, en los últimos 25 años, el destino de la cuantiosa recaudación de gastos comunes del loteo en el que pretende vender más de 2.000 parcelas, colindantes con el Parque Nacional La Campana, en la región de Valparaíso.
Una querella criminal en contra de quienes resulten responsables de los delitos de apropiación indebida y administración desleal, sin perjuicio de otros ilícitos que se lleguen a acreditar durante la investigación que está realizando el Ministerio Público, tales como estafa, usura, delitos ambientales u otros, interpusieron 51 propietarios de parcelas en la Reserva Ecológica Oasis de La Campana, ubicada en la comuna de Hijuelas, región de Valparaíso.
Esto, debido a que los administradores de este loteo se han negado en forma sistemática a transparentar el destino de los gastos comunes que pagan los vecinos y que ascienden a más de $47 millones mensuales, existiendo importantes indicios de que dichos fondos se han destinado a usos ajenos a los intereses de propietarios y residentes de la parcelación.
La falta de rendición de gastos comunes data de 1998, cuando nació este proyecto administrado por la Inmobiliaria Oasis de La Campana, cuyos dueños son los hermanos Francisco y Mauricio Moreno Sagredo.
«Estimamos que, actuando como administradora de la parcelación, la inmobiliaria ha recaudado más de UF 450 mil, es decir, $17.000 millones de pesos, cuyo destino ignoramos. Esto ocurre porque la administración no realiza las asambleas anuales donde debe rendir cuentas, tampoco entrega el desglose de gastos mensuales ni el respaldo de pagos o compras realizadas con nuestros fondos», indica Fernando López, uno de los querellantes y presidente de la Junta de Vecinos del Oasis de La Campana.
Maly Leichtle, otra de las querellantes, indica que «esta práctica responde a la falta de normativa en las denominadas parcelaciones rurales, que nos deja como vecinos en la indefensión frente al abuso de empresarios inmobiliarios que, amparándose en el DL 3516, de 1980, establecen núcleos urbanos y administran los dineros de gastos comunes bajo un manto de opacidad. Es tanto el abuso, que hasta 2022 los gastos comunes se recaudaban en una cuenta corriente a nombre de la inmobiliaria, la que además no informa si paga los gastos comunes correspondiente a sus parcelas sin vender».
Gastos sin justificación
A pesar de los millonarios montos que se recaudan mensualmente, entre las situaciones que más preocupan a los vecinos se cuentan el que servicios e instalaciones que al comprar les dijeron que eran áreas comunes se traspasaron a otra empresa de los mismos dueños que ahora restringe su uso o cobra por el acceso. Asimismo, zonas originalmente destinadas a preservación ecológica fueron loteadas para convertirlas en nuevas parcelas; se realizan mínimas inversiones en seguridad, mantención de caminos interiores y prevención para el control de incendios y no hay bienes a nombre de la parcelación.
En un hecho inédito o un posible descuido, en enero y febrero de 2024 la administración dejó disponible a los vecinos algunos documentos detallando gastos en los que había incurrido. Entre ellos llamó la atención «un excesivo monto en ‘gastos legales’, pagados con fondos de la comunidad, incluyendo las expensas de un litigio de carácter penal, por un monto superior a los $4 millones, sin detallar de qué se trata», señalan los querellantes.
Una de las sospechas es que con fondos de todos los vecinos, la inmobiliaria o sus administradores pagan abogados que los defienden en diversos procesos judiciales que se han entablado en su contra en algunas de las más de 10 parcelaciones pertenecientes a la familia Moreno Sagredo a lo largo de Chile.
Traspasar a los vecinos gastos de la empresa no es una práctica ajena a los hermanos Moreno Sagredo. En agosto pasado la empresa Aguas Oasis, que surte a la parcelación y de la que también ellos son dueños, aumentó la tarifa a sus clientes, informándoles que lo hacían para pagar una multa por casi $40 millones que les impuso la Seremi de Salud de Valparaíso tras un sumario sanitario.
El abogado Marcelo Oyharcabal Fraile, que patrocina la acción penal de los propietarios de parcelas, señala que «en un caso tan complejo, en que la empresa indagada, de manera sistemática y sostenida en el tiempo, no ha dado cuenta alguna del destino de miles de millones de pesos, será fundamental el rol de la policía y de diversas instituciones públicas, para esclarecer y transparentar de manera precisa y detallada, dónde fueron a parar los millonarios aportes de los comuneros y propietarios».
