Este lunes 10 de marzo, en entrevista con Radio Cooperativa, el abogado de la diputada Karol Cariola, Juan Carlos Manríquez, explicó los argumentos que sustentan las acciones legales de la defensa de la parlamentaria y aseguró que se trata de un caso que “cualquier tribunal podría calificar de violencia obstétrica”, en relación a la diligencia efectuada el mismo día en que dio a luz a su primer hijo.
“Se deja fuera cuando se trata de decir que hay un peligro urgente en obtener esa información del teléfono, que la diputada Cariola estaba bajo observación hace bastantes días, sabían perfectamente dónde estaba¨. Había comunicación directa entre la PDI a cargo y la Fiscalía”, afirmó el penalista en relación al informe policial que sustentó la autorización de la diligencia.
En ese sentido, el abogado argumentó que el informe policial » correctamente chequeado y muy revisado, tiene incongruencias, errores y faltas que son significativas”. Asimismo, agregó que “hay que dejar establecido y claro que estaba en conocimiento de los intervinientes hace un par de meses al menos”.
«Chile tiene dos normas exactas y protocolos para poder decidir cuándo se actúa con este tipo de medidas más intrusivas respecto a personas en especial situación de vulnerabilidad, los cuales son entre otras, las parturientas y gestantes: la norma orgánica de la PDI y el código de ética y reglas. Aun así, los policías dicen que se les insistió en llevar adelante esa diligencia en ese minuto y hora», aseguró.
De acuerdo a Manríquez, el pretexto para realizar el allanamiento era que la diputada tendría acceso al informe y podía ponerse de acuerdo con otra persona para borrar evidencia. “Usted cree que una mujer puesta en una mesa quirúrgica pariendo un niño, ¿va a estar con su teléfono transfiriendo un informe o poniéndose de acuerdo con otro?», reparó.
Por otra parte, en cuanto al informe, el legista expresó que “este afirma que se renovó una patente para una persona que habría solicitado una intercesión de la diputada. Omitiendo que antes que se iniciaran estas informaciones, había un acuerdo unánime del Concejo Municipal de Santiago, incluido el voto de la ex alcaldesa, que había votado a favor de revocar la patente.
Entonces se dice que votaron todos a favor, dando a entender que la habían obtenido. Pero de acuerdo a las normas del Concejo, no se vota en contra, se vota a favor de revocar”, expuso.
El jurista también dio cuenta de omisiones y errores en relación al detalle de las comunicaciones. “Se omite que se trata de dos hablantes, en dos teléfonos, en tiempos distintos, algunas dirigidas a la ex alcaldesa incluso. Dos personas, que estarían hablando de supuestos aportes de un pino y unos helados. Pero se vuelve a omitir que esta conversación no tiene que ver con la señora Cariola, tiene que ver con otras personas. Y se deja afuera cuando ella rehúsa expresamente recibir nada”, indicó.
“La diputada Cariola no ha intercedido por nadie. Son dos personas diferentes. El otro no tiene nada que ver con alguien de nacionalidad china. Esa es otra desprolijidad del informe. (…) Aunque esa comunicación exista, no necesariamente da cuenta de un elemento que pueda configurar un delito. Si se hubiese terminado el trabajo, se hubiese dado cuenta de que no se tenían los antecedentes mínimos para presentar la solicitud de esa diligencia”, sostuvo el defensor.
Finalmente, en relación a la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el abogado explicó que “este es un caso con un menor y una madre afectada, y esta condición está dentro de los protocolos y recomendaciones de acción en que la Comisión le pide a los Estados un respeto de los derechos fundamentales con imposibilidad de regresión y garantías de no repetición. (…) Este es un hecho y si usted no lo presenta no lo reclama, puede volver a pasar. Cualquiera que tuviera un mínimo compromiso con los derechos humanos tiene que plantearlo”.
En tanto, el diputado Tomás de Rementería se refirió a la serie de irregularidades durante el allanamiento que afectó a su familia.