Francisca Moya reconoció ante la comisión investigadora que sabía de la inhabilidad de seguir adelante con la adquisición de la vivienda.
Con incredulidad reaccionaron los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton y Paula Labra, a la respuesta de la jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, Francisca Moya, si sabía o no de la inhabilidad que tenían la senador Isabel Allende y la exministra de Defensa, Maya Fernández, de hacer negocios con el Estado. Y cómo no, si la mujer de frentón dijo: “Sí”.
El escenario fue la comisión investigadora por la frustrada compra de la casa del expresidente Salvador Allende, hasta donde llegó Moya junto al ministro del Interior, Álvaro Elizalde -titular de la Segpres al momento de la firma del decreto- y de Lucas Vera, quien revisó el documento.
Para Andrés Longton, presidente de la instancia investigadora, el reconocimiento de la jefa jurídica de la Segpres de estar en conocimiento de la inhabilidad para llevar adelante la compra, “confirma que hoy en día Francisca Moya probablemente está en su cargo, particularmente por su estrecha relación con el Presidente de la República”. Agregando que “las responsabilidades son evidentes de quien tenía la obligación de advertirle al Presidente de que había una inconstitucionalidad flagrante”.
El parlamentario de la Región de Valparaíso precisó, además, que Moya “tenía la obligación de advertir, porque ella está en un cargo además político, y eventualmente el decreto 38 podría haber sido declarado ilegal e inconstitucional”. Complementando, luego, que “es inconcebible que el ministro Segpres de la época, el señor Elizalde, no haya decretado un sumario administrativo dentro de la división jurídica”.
Andrés Longton también cuestionó que practicante haya revisado un decreto “de esta envergadura y después la jefatura (Francisca Moya) haya advertido la ilegalidad y no hizo nada al respecto”.
Por su parte la diputada Paula Labra, integrante de la comisión investigadora, afirmó que Moya “debería renunciar inmediatamente a su cargo”. La parlamentaria cuestionó que la jefa jurídica de la Segpres “estando en conocimiento que el decreto que ella entregó al Presidente Boric para su firma vulneraba la constitución, y haya reconocido que ella sabía que se estaba infringiendo el artículo 37 bis y el 60 de la constitución y que a pesar de eso lo entregó para su firma al Presidente”.
Concluyó, entonces, que “queda la gran duda que es altamente preocupante. ¿Ella le alertó al Presidente y él quiso perseverar en esto? O en caso contrario ella lo sabía y no lo alertó. En ese caso ella debe renunciar inmediatamente a su cargo”.
EL TRABAJO DE LA COMISIÓN
La comisión investigadora por la compra de la casa del expresidente Salvador Allende recibió al ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Quien fuera también titular del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) se refirió a la decisión sobre la adquisición de casas presidenciales.
Para contextualizar la cita, el presidente de la comisión, Andrés Longton, recordó que la presencia de la autoridad en la comisión sobre la fallida compra de la casa de Allende se debía a su rol como exministro Segpres. Específicamente, se apuntó a los controles que se hicieron en su momento.
El ministro destacó que se buscaba llevar adelante una política de preservación del patrimonio histórico. En tal contexto, acotó, se decidió iniciar este proceso con las viviendas de los expresidentes Salvador Allende y Patricio Aylwin. Para ello, se definió una glosa en la Ley de Presupuesto del año 2024, que se aprobó.
Respecto del decreto 38 del Ministerio de Bienes Nacionales, que autorizó la adquisición de las casas presidenciales, explicó que esto se llevó adelante a través del Ministerio de las Culturas. Posteriormente, se radicó en el Ministerio de Bienes Nacionales.
Puntualizó que lo que le corresponde a la División Jurídica Legislativa (sin competencia resolutiva) de la Segpres es la revisión del acto administrativo en particular. Sin embargo, enfatizó que el diseño e implementación le corresponde al ministerio respectivo.
División Jurídica
La jefa de la División Jurídica, Francisca Moya, dijo que el decreto fue dictado por el Ministerio de Bienes Nacionales, el 25 de noviembre. Luego, se remitió a la unidad que dirige. De ahí, el organismo tuvo en su poder el decreto los días 26, 27 y 28 de noviembre.
A seguir, el Presidente de la República firmó el documento el 28 de noviembre y se devolvió al sector, para su posterior ingreso a la Contraloría General de la República. Explicó que, una vez que salió el decreto desde la División no hubo “contacto con él”.
Moya detalló que el decreto fue ingresado a la Contraloría el 29 de noviembre por el Ministerio de Bienes Nacionales. Ahora, la toma de razón, con alcances, se produjo el 20 de diciembre de 2024.
Intervenciones
En el debate parlamentario hubo críticas respecto del desconocimiento de algunas autoridades de la legislación que les prohíbe hacer negocios con el Estado. En tal plano, se estimó que se busca justificar lo injustificable
Otra postura resaltó que la Contraloría no solo tomó razón, sino que estableció que el decreto 38 del Ministerio de Bienes Nacionales se ajustaba a derecho y al ordenamiento jurídico.
Asimismo, se recordó que, a raíz de este caso, dos ministras debieron renunciar, mientras que una senadora de larga trayectoria fue destituida. Así, se consideró que se debe contribuir al esclarecimiento de los hechos y determinar si hay otras responsabilidades.
Igualmente, hubo planteamientos que destacaron como relevante la política de conservación de patrimonio histórico, resaltando que la conservación del patrimonio de los presidentes profundiza la democracia.
Finalmente, entre otras observaciones, se consultó si se dispuso de algún sumario en la División Jurídica de la Segpres. Y si existe una responsabilidad antes que el Presidente firme un decreto.
