Informe además advierte sobre derivaciones de niños desde los 3 años a tratamientos hormonales, incluso sin consentimiento parental, y recomienda suspender estas prácticas en menores.
Con una votación mayoritariamente favorable, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe final de la Comisión Especial Investigadora sobre la ejecución de terapias hormonales y programas de acompañamiento a menores de edad cuya identidad de género no coincide con su sexo registral. El documento, impulsado por parlamentarios de oposición, concluye con duras críticas al rol de diversos organismos del Estado y propone la suspensión de estos tratamientos en menores.
El informe denuncia que en Chile, desde 2018, se han derivado más de 600 menores desde el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) hacia tratamientos hormonales, algunos incluso desde los 3 años de edad. Además, se cuestiona la legalidad de estas prácticas, en especial cuando se han realizado sin el consentimiento de los padres o incluso contra su voluntad.
El diputado RN por la región de Los Lagos, Mauro González, uno de los impulsores de la instancia, celebró la aprobación del informe:
“Estamos contentos porque el informe final de la comisión investigadora que impulsamos sobre terapias hormonales fue aprobado en la Cámara de Diputados y esto es una señal de protección a los niños, niñas y adolescentes, donde su salud se debe basar en la evidencia científica segura y no en una ideología. El informe establece que se debe terminar con las terapias hormonales en menores de edad, también garantizar el derecho preferente de los padres en decidir si su hijo o hija ingresa a estos programas, por otra parte colocar los antecedentes ante la Contraloría para que se pueda auditar los servicios públicos y también llevar los antecedentes ante la Fiscalía por eventuales delitos relacionados a cirugías”.
En la misma línea, la diputada Camila Flores destacó la gravedad de las situaciones detectadas:
“Logramos aprobar el informe de la comisión investigadora sobre la hormonización de nuestros niños. Y este informe era categórico: no podemos ser cómplices ni permitir como parlamentarios que se siga hormonizando, experimentando con niños pequeños desde los 3 años de edad, incluso ante la negativa de sus padres, siendo llevados a juicio y muchas veces incluso teniendo la posibilidad de perder la custodia de sus propios hijos. El gobierno tiene una obsesión con sexualizar a los niños, y los niños no son del gobierno, no son del Estado, son de sus padres, sus padres saben qué es lo mejor para cada uno de sus hijos”.
El informe concluye con una serie de recomendaciones, entre las que se incluyen la suspensión del Programa PAIG, la prohibición de terapias hormonales y quirúrgicas a menores, el envío de los antecedentes a la Contraloría y al Ministerio Público, y una revisión integral de los protocolos del Ministerio de Salud. También se solicita auditar a instituciones públicas involucradas en la implementación de estos programas y remitir los antecedentes a la Corte Suprema por disconformidad con ciertas líneas jurisprudenciales.
El diputado Diego Schalper, también promotor de la comisión investigadora, valoró que la instancia haya puesto el tema en el tapete:
“Me alegro muchísimo que hayamos puesto este tema en el tapete, que hayamos logrado aprobar este informe y más importante todavía, que las conclusiones de ese informe van a permitir resguardar los intereses de los niños, niñas y adolescentes que son nuestra principal preocupación. Acá muchas personas de manera inescrupulosa se valieron de vacíos legislativos, se valieron de vacíos reglamentarios para aplicar terapias que claramente atentaban contra su integridad. Me doy por satisfecho, pero evidentemente este es sólo el primer paso, porque el paso que sigue es siempre encontrar la mejor manera de proteger a los niños, niñas y adolescentes, especialmente los más vulnerables”.
Finalmente, el diputado Eduardo Durán, afirmó que el Estado no tiene el derecho para manipular a los niños:
«El Estado no tiene derecho a imponer una ideología que vulnere la integridad de nuestros niños. Hoy celebramos la aprobación del informe de la Comisión Investigadora del programa PAI, porque reafirma un principio esencial: los menores deben ser protegidos, no intervenidos sin el consentimiento de sus padres. Nos oponemos firmemente a cualquier tratamiento farmacológico, psicológico o quirúrgico que se realice fuera del marco ético, médico y familiar. La infancia debe ser cuidada, no instrumentalizada. Renovación Nacional seguirá siendo un muro de contención frente a los intentos del Gobierno de imponer su agenda ideológica a costa de la salud y el futuro de nuestros hijos.»
