El supuesto rechazo del Minvu a 1.800 viviendas listas para damnificados del megaincendio en Viña y alrededores revela la desconexión entre oferta privada y demanda pública en emergencias. Esta negativa muestra políticas habitacionales que desconocen el arraigo y la memoria del territorio, forzando a familias a desarraigarse y generando daños psicosociales.
La falta de diálogo público-privado y la ausencia de estándares centrados en derechos humanos agravan la crisis, mientras la demora en soluciones incrementa la desconfianza ciudadana hacia el Estado.
Una reconstrucción justa exige políticas diseñadas con participación, respeto al territorio y enfoque de derechos; de lo contrario, las respuestas no solo son ineficientes, sino que profundizan desigualdad y debilitan la confianza en las instituciones.
