El 33,6% de adolescentes en residencias de cuidado alternativo enfrenta una salida abrupta al cumplir 18 años. Lo más preocupante es que, en las indicaciones del Ejecutivo al proyecto que armoniza la legislación de niñez (Boletín 15351-07), no se incluyó ninguna propuesta para eliminar el requisito de “seguir estudiando” como condición para mantener acompañamiento y techo.
Ese vacío normativo convierte la salida de la protección en una desprotección forzada para aquellos jóvenes que no continúan sus estudios sean por rezago escolar, problemas de salud mental o por una decisión de querer insertarse en el mercado laboral queden sin hogar, en abandono y expuestos a riesgos altísimos.
No hablamos de un privilegio, sino del deber mínimo del mismo Estado que asumió su cuidado. La experiencia internacional es clara: la transición a la vida adulta requiere tiempo, vínculos estables y apoyos flexibles. Condicionar a la educación superior perpetúa desigualdades y castiga trayectorias marcadas por vulneraciones.
Por eso pedimos corregir ahora. El Gobierno y la Comisión de Desarrollo Social están a tiempo de incorporar indicación que garantice continuidad de protección y acompañamiento para su autonomía más allá de los 18, sin condicionamientos académicos, con alojamiento asistido, mentores, apoyos económicos y contención emocional. Si no, muchos jóvenes egresarán solos y serán abandonados sólo por cumplir años. Evitarlo no es opcional: es imperativo ético y legal.
