Un nuevo informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello revela un preocupante panorama sobre la criminalidad dentro de las cárceles chilenas entre 2015 y 2024.
El estudio muestra que, mientras los homicidios intramuros disminuyeron un 14% y los sobornos cayeron en un 49%, otros delitos crecieron de manera explosiva:
- Extorsiones: +5.100% en 10 años.
- Incautaciones de drogas: +1.205%, con más de 33 mil decomisos en el período.
- Amenazas: +279%, con fuerte presencia en cárceles femeninas como San Miguel y Santiago.
- Agresiones: +41%, con incrementos en regiones que históricamente tenían baja incidencia, como Aysén (+233%) y Magallanes (+193%).
En cuanto a homicidios, si bien se redujeron en el total nacional, la Región Metropolitana concentró el 40,1% de los casos, destacando el C.C.P. de Colina II, con el 17% de los crímenes registrados en la década. En materia de drogas, el C.P. de Alto Hospicio lideró las incautaciones con un 6,07% del total.
El informe advierte que la presencia del crimen organizado en las cárceles no responde a hechos aislados, sino a la consolidación de estructuras que buscan ejercer gobernanza criminal desde el encierro, extendiendo su influencia hacia el exterior.
Pablo Urquízar, coordinador del OCRIT UNAB, advirtió: “Las cárceles en Chile dejaron de ser solo espacios de encierro: se han transformado en complejos territorios en disputa donde el narcotráfico, la violencia y la corrupción refuerzan lógicas de poder criminal. Entre 2015 y 2024, los homicidios intramuros sumaron 464 casos, las amenazas crecieron un 279%, las extorsiones un 5.100% y las incautaciones de droga escalaron un 1.205%, con más de 33 mil decomisos en la última década. Más que incidentes aislados, estos datos evidencian estructuras que pretenden imponer gobernanza paralela y desafían directamente la autoridad del Estado”.
El reporte subraya la necesidad de modernizar la gestión penitenciaria, reforzar la inteligencia y la contrainteligencia, implementar rotación estratégica de personal y coordinar la política carcelaria con la estrategia de seguridad pública nacional.
