La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó de colusión ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a siete empresas y ocho ejecutivos encargados del procesamiento de centolla en la Región de Magallanes.
Los hechos habrían ocurrido al menos entre los años 2012 y 2021, según el ente persecutor, con el fin de fijar precios al que les compraban el recurso a los pescadores artesanales (extractores) de la zona.
De este modo, la FNE solicitó multas por un total de 62.406 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a cerca de US$ 54 millones ($ 51.870 millones) a las empresas señaladas, y de 511 UTA, casi US$ 445 mil ($ 424 millones) a los ejecutivos.
¿Cómo funcionaba la colusión?
Nicolás Riquelme, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes (Uandes), relata, en base a los reportado por la FNE, que las empresas acusadas se coordinaban para fijar los precios de compra. Esto lo hacían a través de llamadas telefónicas, WhatsApp, correos electrónicos y presencialmente en ferias.
La denuncia es grave considerando que las firmas son las que adquieren el recurso en la región, luego lo procesan y después lo destinan principalmente para la exportación.
“Entonces, estas centollas las compran a pescadores artesanales, y lo que empezaron a hacer estas empresas fue coordinar el precio al que las compraban. En el fondo, cuando un pescador le iba a vender a uno, esa empresa le preguntaba a la otra: ‘¿A cuánto estás comprando? Mantengamos los precios bajos’. Ese es el incentivo para estas firmas al coordinar sus acciones: tratar de comprar lo más barato posible la centolla a los pescadores artesanales”, explica Riquelme.
De este modo, “acá el daño fue hecho a estos pescadores que recibieron menos dinero por lo que debieran haber recibido por la centolla”, dice el experto.
La investigación del caso nació en julio de 2020 tras una denuncia. Meses después, a una empresa y a tres de sus ejecutivos se les aplicó el beneficio de delación compensada, es decir, que se les diera exención penal a cambio de confesar su participación en el hecho y aportar información útil para la realización de las indagatorias. Esto fue requerido por la FNE, dice Riquelme.
Por ello, “si el delito se prueba en el Tribunal de la Libre Competencia, perfectamente la Fiscalía Nacional Económica podría buscar acciones penales contra los ejecutivos que no fueron exentos”, sentencia el académico.
