Con la presencia de la ministra de Agricultura, María Ignacia Fernández, y el subsecretario del Trabajo, Pablo Chacón, la instancia presidida por la senadora Alejandra Sepúlveda (IND), analizó las cifras de empleo formal e informal, puestos de trabajo necesarios, vacantes, condiciones laborales y responsabilidades de contratistas e intermediarios, y cuyos datos oficiales no se condicen con la crisis planteadas por el presidente de la SNA, quien llamó a “formalizar” migrantes para reforzar la mano de obra agrícola.
Luego de la polémica instalada tras los dichos del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, quien reabrió el debate en torno a la situación de las personas migrantes en Chile, en medio de la escasez de mano de obra que, a su juicio, enfrenta el sector agrícola, planteando la necesidad de avanzar en un proceso de “formalización” de migrantes, la Comisión de Agricultura del Senado, presidida por la senadora Alejandra Sepúlveda (IND), recibió a la ministra de Agricultura, María Ignacia Fernández, y el subsecretario del Trabajo, Pablo Chacón, para analizar con cifras y diagnósticos oficiales, la situación de los puestos de trabajo necesarios y las condiciones laborales de la agricultura, así como las expectativas del sector.
En la instancia, y principalmente tras la exposición del subsecretario del Trabajo, quien entregó una serie de cifras, que sitúan a las regiones de O´Higgins, Maule y Metropolitana con la mayor concentración de ocupados del sector, de un universo de alrededor de 500 mil ocupados, en su gran mayoría nacionales, y cuyas vacantes que no se pudieron llenar fueron solo 5.335, según la Encuesta de Demanda Laboral, que indicó que para la “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca”, hubo 244.067 vacantes disponibles el 2024; la Comisión acordó invitar a la Sociedad Nacional de Agricultura, “para que nos dé la cifra que ellos tienen, porque hay algún grado de discrepancia con el Ejecutivo”, señaló la senadora Sepúlveda, pues “no quedó del todo claro la real magnitud del problema que acusa la SNA, con cifras que están agregadas y no permiten identificar la real situación del agro, dado que en principio las cifras hablan de que la proporción de extranjeros temporeros es bastante menor”.
Asimismo, las cifras oficiales, demuestran un alto porcentaje de informalidad en el trabajo agrícola, el cual alcanza un 40% del universo total (493.016), siendo este rubro el segundo donde se concentra la más alta informalidad laboral, tras el servicio doméstico. Asimismo, el alto porcentaje de las vacantes no llenadas (32,9%) principalmente porque los postulantes desestimaron la remuneración ofrecida o alegan condición laboral no aceptada, dada las bajas condiciones que ofrecen algunos empleadores.
En este sentido, la presidenta de la Comisión, senadora Sepúlveda señaló que “no solo se trata de contratar extranjeros, sino que, a mi juicio, sobre todo, es determinar la situación laboral de los extranjeros que vienen a cubrir esos puestos de trabajo y la capacidad del Estado por resguardarlos, porque el contratar extranjeros implica cumplir con las obligaciones de regularización y las obligaciones de todo contrato (permiso regular, contrato, cotizaciones, seguro), y hoy el Estado fiscaliza aquellas situaciones que puede conocer, como los contratistas que contratan migrantes para trabajos de temporada, las condiciones en que están, etc. Pero tienen dificultades para conocer y fiscalizar aquello que no cumplen las reglas (trata de personas, ingresos irregulares, contratos en negro, condiciones de esclavitud y hasta ingreso ilegal de menores de edad). Y, en este sentido, tenemos un consenso en que se debe profundizar, porque nunca ha sido debidamente abordado y es una situación crucial para el agro”.
“Hoy existen las condiciones para contratar mano de obra extranjera cumpliendo requisitos, con las nuevas visas que se han entregado, como la Visa Mercosur, especialmente, diseñada para que trabajadores y trabajadoras bolivianas puedan trabajar en el país en la agricultura, por dos años y renovables por dos años más, y que según la misma ministra nos explicó, se realizó en conjunto con organizaciones como la propia Sociedad Nacional de Agricultura. Por lo que queremos poder revisar cómo se están realizando los contratos específicamente, aclarando las responsabilidades de los contratistas y del dueño del predio, a fin de dejar en claro a quién corresponde la sanción cuando no cumplen sus obligaciones como corresponde, porque convengamos que si el contratista hiciera bien en su trabajo no tendríamos esta irregularidad”, concluyó.
