El parlamentario advirtió que el hallazgo de la mujer dada por muerta en dictadura pone en jaque el Informe Rettig, el plan de búsqueda y la credibilidad del Poder Judicial.
Tras el reportaje de Chilevisión que reveló la aparición en Argentina de Bernarda Vera, quien fue considerada ejecutada en 1973, el Diputado Johannes Kaiser lanzó duras críticas a la política de derechos humanos en Chile, acusando manipulación y negligencia.
El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario subrayó que este caso golpea directamente la confianza en los informes oficiales. Según Kaiser, la revelación demuestra cómo por décadas se ha construido un relato político más que una búsqueda de la verdad. “El caso de Bernarda Vera desprestigia profundamente toda la labor en materia de derechos humanos y siembra un manto de duda sobre los datos entregados a través del Informe Rettig”, señaló.
Asimismo, criticó la falta de rigurosidad con la que se ha manejado esta área. Kaiser recalcó que no se puede permitir que historias falsas sigan contaminando la memoria histórica: “Esto muestra hasta qué punto se han hecho las cosas de manera amateur. Hoy aparecen personas que figuraban como detenidas desaparecidas, y no lo están”.
El diputado PNL también advirtió sobre las consecuencias judiciales que podrían derivar de casos como este. “Sería extremadamente complejo si existiese algún ex uniformado condenado por esta desaparición, porque ahí ya no estaríamos solo frente a un fraude al fisco, sino frente a condenas basadas en un relato manipulado”, enfatizó.
Kaiser responsabilizó directamente al Ejecutivo y a la autoridad encargada del plan de búsqueda de desaparecidos. “El Ministro de Justicia sabe que hay cientos de restos en el Servicio Médico Legal sin identificar y no ha respaldado nuestra iniciativa para avanzar en esa tarea. El Ministro sabe que el plan de búsqueda no tiene ningún sentido si no sabemos siquiera a quiénes tenemos”, afirmó.
Finalmente, el diputado lanzó un emplazamiento al Gobierno y al propio ministro de Justicia: “Si lo que se imputa es cierto, el Ministro incurre en una falta ética gravísima. Todo el relato de derechos humanos de los últimos 30 años se desmorona si no está basado en hechos fácticos, y con él se arrastra la credibilidad del Poder Judicial y de toda la política de derechos humanos desde 1990 hasta hoy”.
