La inminente demolición de la toma emplazada en los terrenos de la familia Correa, en Quilpué, vuelve a poner en evidencia la problemática estructural del déficit habitacional en nuestro país. Más allá de las construcciones, lo que está en riesgo es la vida cotidiana de más de 150 familias que, ante la falta de políticas públicas efectivas, encontraron en la autoconstrucción su única alternativa para contar con un espacio donde vivir.
Este caso no es aislado, sino reflejo de un fenómeno generalizado marcado por el alza sostenida de los arriendos, la brecha entre ingresos y costos de vida, y la limitada capacidad de los programas estatales para responder a la demanda real de vivienda. La ocupación irregular de terrenos, más que un acto de ilegalidad, es expresión de un sistema que no garantiza condiciones mínimas para ejercer el derecho a la vivienda.
Desde un enfoque de derechos, es insuficiente abordar la situación solo con medidas punitivas, como la demolición o el desalojo, sin entregar soluciones habitacionales dignas y asequibles. Lo ocurrido en Quilpué interpela al Estado a avanzar en políticas públicas integrales que materialicen efectivamente el derecho a la vivienda, en justicia social y respeto a la dignidad de las familias.
