Tras el inicio del desalojo y la demolición de las viviendas instaladas al interior de la toma «calicheros» de Quilpué, el Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Yanino Riquelme se refirió al operativo desarrollado por Carabineros y diversos servicios, que combinan lo social con lo judicial.
A eso se agregan las medidas solicitadas a los propietarios del terreno, para evitar que este sea retomado por quienes fueron desalojados o por otras familias.
La autoridad destacó que «afortunadamente ha sido un proceso tranquilo, ha sido un proceso en calma», explicó, agregando que «hay una comunicación permanente y clara con los pobladores, y por lo tanto, mayoritariamente, ellos han ido abandonando este sector, incluso muchos de ellos han ido desarmando sus viviendas para recuperar parte del material… facilidades para que ellos puedan seguir ingresando, ustedes han visto que ha habido movimiento de camionetas, de materiales para poder ir retirando».
Consultado por las medidas que se van a aplicar para que se evite una nueva toma en otro sector de la comuna, mencionó que «hay un albergue que ha gestionado principalmente la municipalidad en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social».
«Ellos lo que tienen que hacer es asegurar también el cierre perimetral de este terreno, ellos van a tomar algunas otras medidas adicionales para evitar que maquinaria o vehículos puedan entrar nuevamente a este sector. Son los dueños, una vez que nosotros terminamos este proceso, los que tienen que tomar esas medidas», concluyó.
La seremi de vivienda, Belén paredes, explicó que «estamos cumpliendo lo que nos ha ordenado el tribunal respecto a la aplicación del artículo 157 de la ley general de urbanismo y construcción. Eso supone la demolición de toda construcción que esté emplazada en zona de riesgo, que no cumple el instrumento de planificación y que esté fuera de la legislación urbanística. Es decir, estamos restituyendo el estado de derecho en un terreno privado».
Agregó que «toda la coordinación que se ha generado para llevar adelante esta demolición que es inédita en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo… en este caso se está avanzando con un proceso de demolición que va aparejado también con el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Y por eso se hizo el llamado anteriormente a que las personas desocuparan voluntariamente y así ha sido realizado».
Consultada por la tardanza en la demolición pese a que la resolución se generó el año 2021, manifestó que «en ocho meses del gobierno del presidente Sebastián Piñera, como usted señala, esta resolución no fue notificada». Por lo tanto cuando asumimos como gobierno y yo asumo como autoridad era un proceso inconcluso. En ese proceso inconcluso estuvimos en distintas gestiones con la autoridad de la época del municipio de Quilpue (1:38) quien tenía vinculación también con los propietarios del terreno para el desarrollo de algún tipo de proyecto en este sector».
Con respecto a las otras tomas en la zona, explicó que hay «374 campamentos que se han registrado desde hace ya 20 años de los primeros catastros de campamentos. En ese sentido nosotros hemos tenido un trabajo que ha apuntado a ir terminando procesos que vienen gobierno tras gobierno. Sin embargo y entendemos que la forma para enfrentar los campamentos es con una política habitacional fuerte».
Por su parte, el coronel Jorge Guaita, Prefecto de la Prefectura Marga Marga de Carabineros, destacó especialmente el trabajo que se hizo con los «agentes de diálogo» que tuvieron que entablar una relación pacífica con las personas que tenían que desalojar el lugar, lo que ayudó a que fuera una jornada pacífica.
«Hay un importante avance en el proceso de demolición», apuntó Guaita, junto con decir que este proceso administrativo tiene una temporalidad determinada y que ante la posibilidad de las personas decidan asentarse en otros sectores aledaños «tendremos que adoptar los procedimientos, pero no tenemos certeza de que eso haya sido así».
