El Diputado por el Distrito 7 de la Región de Valparaíso, Arturo Barrios, valoró la entrada en vigencia de la nueva Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, publicada ayer en el Diario Oficial, que busca reducir la llamada “permisología” y agilizar la tramitación de proyectos en distintas áreas productivas, eliminando duplicidades y estableciendo un sistema unificado de permisos.
“Esta ley representa un paso importante hacia un Estado más ágil y moderno, que dé certezas a los proyectos de inversión y reduzca la burocracia que tantas veces ha frenado el desarrollo. Sin embargo, debemos garantizar que la simplificación administrativa no signifique relajar los controles ni disminuir la participación de las comunidades en decisiones que afectan directamente sus territorios”, afirmó Arturo Barrios.
El parlamentario socialista señaló que en la Región de Valparaíso, y particularmente en las comunas del Distrito 7, la nueva normativa tendrá un fuerte impacto en iniciativas ligadas a puertos, obras marítimas, infraestructura, energía, agricultura y turismo, por lo que resulta clave “asegurar que el desarrollo económico se traduzca en más empleos y oportunidades, pero sin hipotecar nuestro medio ambiente ni la calidad de vida de las familias”.
En ese sentido, el Diputado Barrios anunció que solicitará al Ministerio de Economía y a los organismos sectoriales correspondientes informes periódicos sobre la aplicación de la ley en la región, además de instalar mesas de seguimiento con municipios y organizaciones sociales. “Queremos que los emprendedores y pequeñas empresas puedan beneficiarse de trámites más simples, pero también que los vecinos tengan la tranquilidad de que se respetarán los estándares ambientales y los procesos de participación ciudadana. La modernización del Estado debe estar al servicio de las personas, no de los intereses particulares”, subrayó.
Finalmente, Barrios reiteró su disposición a trabajar con los municipios y la sociedad civil del distrito para acompañar la implementación de esta ley, y advirtió que ejercerá su rol fiscalizador en caso de que se detecten vulneraciones a derechos ciudadanos o ambientales.
