Dagoberto Pastén Pérez, defensor local jefe de Quillota es uno de los cuatro chilenos incluidos en el grupo internacional de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) para el periodo 2025–2028.
Con los Defensores Regionales de Coquimbo Inés Rojas, y Aysén, Jorge Moraga, y la defensora penal pública de La Florida, Myriam Reyes, serán los responsables de actuar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en representación de las víctimas que elevan sus respectivos casos a tales instancias.
VOCACIÓN COMO DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS
Dagoberto Pastén expresó que «mi labor como defensor penal público siempre se ha desarrollado en función de mi profunda vocación como defensor de derechos humanos, y desde allí he proyectado cada una de mis funciones por casi 18 años, como defensor RPA, en Rapa Nui, de inimputables y migrantes.»
Agregó que «agradezco profundamente esta oportunidad a la Asociación de Defensores Penales Públicos (ADEF), su Directiva, quienes trabajaron arduamente por promover nuestra designación como DPI, pues constituye sin dudas, un reconocimiento a los defensores penales públicos que estamos día a día en audiencia velando por los derechos de nuestros representados».
Precisó que «el principal compromiso que asumo al ser nombrado como DPI consiste en hacerme cargo de los litigios o casos asignados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ya sea para actuar ante la Comisión IDH como ante la Corte IDH».
AIDEF
La Asociación Interamericana de Defensorías Públicas fue creada el 18 de octubre de 2003 en Río de Janeiro, con motivo de celebrarse el II Congreso Interamericano de Defensorías Públicas.
Sus objetivos principales son defender la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos, establecer un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucional de las Defensorías Públicas y de las Asociaciones de Defensores Públicos de las Américas y el Caribe, y propender a la independencia y autonomía funcional de las Defensorías Públicas, para asegurar el pleno ejercicio del derecho a la defensa de las personas.
