La parlamentaria de la Región del Biobío busca esclarecer los requisitos, coberturas y plazos de pago del seguro contra riesgo de muerte accidental e invalidez, obligatorio por Ley de Pesca, tras recibir reclamos de pescadores sobre las operaciones de las aseguradoras.
La diputada Francesca Muñoz González, del Partido Social Cristiano, ha oficiado a las entidades competentes, incluyendo la Dirección del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y la Comisión para el Mercado Financiero, solicitando un informe detallado sobre el funcionamiento del seguro de vida contra riesgo de muerte accidental e invalidez, que deben contratar obligatoriamente los pescadores artesanales y buzos para poder trabajar, conforme a lo establecido en el artículo 50 C de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
La acción de la parlamentaria surge a raíz de «una serie de reclamos» recibidos por pescadores de la Región del Biobío, quienes han manifestado preocupaciones respecto a las condiciones en que estarían operando las aseguradoras que comercializan esta póliza. Este seguro es de vital importancia, ya que la ley es enfática al señalar que «El pescador que no cuente con el seguro no podrá desarrollar actividades pesqueras extractivas a bordo de embarcaciones artesanales».
«Es fundamental asegurar que un instrumento tan crucial que tiene por objeto la protección de pescadores artesanales y buzos en el ejercicio de sus labores esté funcionando de manera transparente y efectiva,» declaró la Diputada Muñoz. «Hemos recibido reclamos que sugieren posibles problemas en las condiciones ofrecidas y en los procesos de cobro, lo que es inaceptable, especialmente en una actividad de alto riesgo como la pesca artesanal y el buceo.»
El oficio de la Diputada busca obtener información precisa sobre tres puntos clave: Condiciones mínimas, coberturas obligatorias, requisitos de acceso y tiempos de tramitación del seguro; plazo legal establecido para que el seguro se haga efectivo tras un siniestro de muerte accidental o invalidez; cantidad de reclamos, sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad en los últimos diez años.
