El viernes 3 de octubre, Inmobiliaria y Constructora San Antonio solicitó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, «que se fije un plazo para el desalojo de la toma que afecta nuestro terreno», en la comuna del mismo nombre.
Agregaron que «si bien la semana pasada la Corte de Apelaciones de Valparaíso ratificó el cúmplase de esta medida, en los escritos presentados ante la Corte distintos organismos públicos informaron que no están las condiciones para implementar esta resolución de la justicia».
Puntualizan que han considerado pertinente solicitar que se establezca una fecha específica para el desalojo «y se aperciba a las carteras ministeriales involucradas a cumplir con lo establecido en el fallo. Celebramos como un avance las recientes declaraciones del ministro de Seguridad, Sr. Luis Cordero, quién ha expresado que harán cumplir el fallo, y de la subsecretaría del Interior, que informó que el gobierno está trabajando en ‘establecer y coordinar las condiciones’ para llevarlo a cabo. No obstante, creemos importante que la justicia establezca una fecha específica para evitar dilaciones».
Agregaron que en este contexto, es necesario reiterar que «participamos de buena fe durante seis meses en una mesa técnica donde el gobierno no propuso ninguna alternativa viable de solución, sobre la base de un protocolo que establecía tres condiciones: financiamiento, garantía y un acuerdo de precio sobre la totalidad del terreno. En los hechos, nada de eso se alcanzó. No hubo financiamiento, garantías y, en materia de precio, el ministerio sólo buscó que la empresa financiara con su patrimonio una mala política pública, como son las cooperativas».
La inmobiliaria recordó que previo a la toma, existían acuerdos comerciales de venta de varios paños del terreno con empresas inmobiliarias para la construcción de viviendas, con valores muy superiores al precio final propuesto como valor de venta. Y, además, en el año 2021, ya con el terreno tomado, «el MOP comenzó un proceso de expropiación de una parte de nuestro terreno para el Acceso Norte de San Antonio y fijó un valor de expropiación sustancialmente más alto que el precio final propuesto por nuestra empresa como valor de venta, pese a que ese valor de expropiación había sido ‘castigado’ por el MOP en un 20% ya que el terreno se encontraba tomado».
«Hemos sido flexibles en orden a buscar una solución: aceptamos postergar el desalojo por un año y medio, participamos de la mesa técnica y rebajamos en cuatro oportunidades nuestras expectativas de precio. Pero sentimos que el gobierno sólo ha buscado ganar tiempo y no ha generado las condiciones para un acuerdo justo», sostuvo el abogado Diego Pereira, representante de la empresa.
«Hoy sólo estamos a la espera de que el Ejecutivo cumpla con su deber constitucional y acate el fallo judicial que ordena el desalojo, habilitando los albergues que sean necesarios con prontitud. Hemos sido víctimas de una usurpación desde hace seis años y pedimos simplemente que el Estado cumpla con el fallo de la justicia, que dispone la devolución de nuestra propiedad», concluyó.
