Los diputados Felipe Donoso y Sergio Bobadilla aludieron a los vínculos políticos que existirían entre las autoridades del Ministerio de Educación y uno de los rectores involucrados, por lo que también recurrirán a la Contraloría ante la millonaria garantía estatal que aprobó el Ejecutivo.
El subjefe de la Bancada de la UDI, Felipe Donoso, junto con el diputado que integra la comisión de Educación, Sergio Bobadilla, anunciaron la presentación de una comisión investigadora en la Cámara Baja para indagar el controvertido y millonario proceso que la Universidad de Santiago de Chile (Usach) está llevando adelante para adquirir el Instituto Profesional Arcos, cuya rectoría informó en octubre del año pasado que tendrían que cerrar producto de la grave crisis financiera que estaban enfrentando.
Al respecto, los parlamentarios aludieron a una serie de antecedentes que se han ido conociendo durante los últimos días, los que -a juicio de ellos- dan cuenta de un «intervencionismo descarado» por parte del Gobierno y de «presiones indebidas» del Ministerio de Educación (Mineduc) en la operación.
En particular, Donoso y Bobadilla apuntaron, por ejemplo, a la inédita participación del subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana (FA), en una sesión del Consejo Académico de la Usach que se realizó en diciembre de 2024, donde abiertamente manifestó el interés y el apoyo del Gobierno -incluso del Presidente Gabriel Boric, en palabras de él- en la compra del Instituto Arcos por parte de la Usach, lo que quedó registrado en las actas y que podría constituir una infracción a la autonomía universitaria.
Pero además, los integrantes de la Bancada UDI también cuestionaron al Gobierno por otorgar, a través del Ministerio de Hacienda, un empréstito de hasta $32 mil millones para que el plantel estatal pueda concretar la operación, manifestando que «resulta a lo menos extraña la rapidez con la que el Gobierno aprobó el decreto, que involucra millonarios recursos, sin ningún tipo de resguardo en materia fiscal».
«Todos los antecedentes que hemos conocido hasta ahora dan cuenta del absoluto intervencionismo que ha ejercido el Ejecutivo para lograr que la Usach compre el Instituto Arcos, pese a la crisis financiera que enfrentan. La imprudente e inédita participación del subsecretario Orellana en una sesión del Consejo Académico, así como la millonaria garantía estatal que otorgó la Dirección de Presupuestos, son muestras claras del interés que tiene el Gobierno por lograr que se concrete esta operación y así salvar esta institución, aparentemente sólo por razones ideológicas», cuestionaron ambos legisladores.
VÍNCULOS POLÍTICOS
Justamente, Donoso y Bobadilla no dejaron pasar los vínculos políticos e ideológicos que mantienen algunos de los actores involucrados en dicho proceso, como el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, que es militante del Partido Comunista (PC), y el subsecretario Víctor Orellana, que pertenece al Frente Amplio (FA), al igual que el Presidente Boric. Lo anterior, puesto que no sólo el actual rector del Instituto Arcos, José Sanfuentes, fue militante del PC hasta los 90, sino que además fue socio y vicerrector de la Universidad Arcis, que por décadas estuvo en manos del Partido Comunista y que terminó quebrando.
Asimismo, el actual rector de la Usach, Rodrigo Vidal, quien de acuerdo a los mismos antecedentes del caso es quien ha mantenido las relaciones con el subsecretario Orellana (FA) y fue, incluso, el que solicitó al Ministerio de Hacienda que pudieran otorgar la millonaria garantía estatal, es hermano del ex diputado y actual presidente de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), Pablo Vidal, quien fue uno de los fundadores de Revolución Democrática (RD), uno de los partidos que hoy derivaron en el FA.
Por lo mismo, advirtiendo que la situación podría terminar convirtiendo a la Usach en una «Arcis 2.0», los parlamentarios gremialistas acordaron solicitar la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, donde no sólo buscarán citar al ministro Cataldo y al subsecretario Orellana, sino que también a los dos actores involucrados, así como al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y también a un grupo de académicos de la universidad que advirtió sobre las vulneraciones que podrían existir.
«Lo que hoy está haciendo el Gobierno es utilizar una universidad pública para rescatar a una institución privada que se encuentra absolutamente quebrada, simplemente porque tienen un vínculo político e ideológico con ella. Y lo hacen arriesgando más de $32 mil millones a través de una garantía estatal, sin ninguna base legal ni respaldo técnico que justifique una operación de esta magnitud. En lugar de preocuparse por el futuro de los estudiantes del instituto, el Gobierno está impulsando un rescate sólo por razones ideológicas. Es una situación absolutamente grave y no vamos a permitir que se concrete, porque estamos hablando del mismo patrón y los mismos actores del caso de la Universidad Arcis», reiteraron los diputados Felipe Donoso y Sergio Bobadilla, quienes finalmente también anunciaron que acudirán a la Contraloría General de la República para que puedan detener el proceso de compraventa.
