La Asociación Chilena de Plataformas de Movilidad (Achiplam), manifiesta su profunda preocupación ante los recientes reportes sobre el término anticipado del desarrollo del Registro de Empresas de Aplicaciones de Transporte, el mecanismo central que debe garantizar la seguridad de los datos y la formalización efectiva que persigue la Ley EAT.
Los contratiempos evidenciados, que han llevado a la interrupción de contratos con proveedores, confirman que la complejidad del desafío fue subestimada. El resultado inmediato es una paralización regulatoria que prolonga la incertidumbre en un sector que es fuente de sustento para miles de familias, y representa además, un golpe para emprendedores chilenos que, advirtiendo la carga que este sistema representaba para las empresas locales, se vieron incluso obligados a modificar sus modelos de negocio.
Mientras se busca una nueva solución, cientos de miles de conductores y millones de usuarios y pasajeros seguirán a la espera que el Estado otorgue un trato digno a una actividad legitimada por amplios sectores de la ciudadanía, la cual seguirá siendo perseguida y sancionada por la autoridad, pese a la existencia de múltiples leyes que la han formalizado.
Ante este panorama, Achiplam sostiene responsablemente que la prioridad debe ser asegurar la solidez técnica del proyecto por encima de metas temporales que no garanticen una implementación robusta y sostenible. Intentar forzar una implementación incompleta o deficiente sólo por cumplir sería irresponsable y podría comprometer de manera irreversible la viabilidad a largo plazo de la Ley EAT, que a contar de hoy será responsabilidad de la siguiente administración en cuanto a su implementación.
Hacemos un llamado a la responsabilidad de Estado y a una pausa estratégica. La experiencia técnica para abordar un proyecto de esta magnitud debe primar. Por ello, reiteramos nuestra disposición incondicional a colaborar con las autoridades, ofreciendo la experiencia y conocimiento de las plataformas de movilidad para co-diseñar una hoja de ruta transparente, eficiente y sobre todo, segura.
La implementación de la Ley EAT debe convertirse en un verdadero éxito. Esto depende de una colaboración público-privada que ponga la calidad, la seguridad de los datos y el bienestar de conductores y usuarios en el centro de la decisión.
