Marta Bravo y Daniel Lilayu presentaron hace casi dos años dicha iniciativa, recordando que la propia PDIadvirtió que la m
Los diputados de la Bancada UDI que integran la comisión de Salud de la Cámara Baja, Marta Bravo y Daniel Lilayu, emplazaron al Gobierno a otorgar máxima urgencia legislativa a un proyecto que presentaron hace casi dos años, en noviembre de 2023, para endurecer las sanciones penales en contra de las personas que sustraigan algún tipo de droga desde un establecimiento médico del país.
Al respecto, los parlamentarios gremialistas realizaron el llamado luego que este lunes Carabineros informara sobre la detención de un funcionario del Hospital Regional de Temuco, que se dedicaba a traficar -a través de redes sociales- distintas drogas como fentanilo, ketamina y tramadol, entre otras, las que justamente extraía desde el interior del recinto para luego venderlas en las inmediaciones.
En ese sentido, los diputados Bravo y Lilayu recordaron que ese año decidieron presentar dicha iniciativa a partir de una advertencia que realizó la propia Policía de Investigaciones (PDI), que reveló que, en el caso del fentanilo, la mayoría de las incautaciones en el país correspondían a «mermas» que provenían desde algún recinto hospitalario, principalmente por parte de quienes tenían acceso.
Por lo mismo, ambos legisladores propusieron en su proyecto que se creara una nueva circunstancia agravante en la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sicotrópicos, para así aumentar las penas en un grado cuando la sustancia o droga que haya sido extraído por una persona provenga desde algún establecimiento asistencial, lo que podría llevar a una pena de hasta 20 años.
«Lo que ocurrió este lunes con la detención de un funcionario del Hospital Regional de Temuco es una realidad que, lamentablemente, se está repitiendo en todo el país y cada vez con una mayor frecuencia. Así lo advirtió la PDI hace dos años y lo mismo han reconocido las autoridades a cargo de la seguridad pública, al señalar que estamos ante una nueva forma de tráfico de drogas. Por eso es que no basta con que se refuercen los controles en las áreas hospitalarias donde están alojadas estas sustancias, sino que se requiere endurecer las penas contra las personas que, aprovechándose de su cargo o del acceso que tienen a estos lugares, sustraen estos productos para luego venderlos», manifestaron los parlamentarios de la UDI, quienes reiteraron que «si sabemos que la mayoría de estas sustancias son obtenidas desde un centro médico, ya sabemos cómo enfrentar el problema».
En cuanto a los antecedentes y datos que proporcionaron los diputados Marta Bravo y Daniel Lilayu para justificar la presentación del proyecto, está un estudio de la Universidad Diego Portales (UDP), que reveló que entre los años 2017 y 2023 se habían sustraído casi 200 ampollas de fentanilo desde hospitales y clínicas de Santiago. Sin embargo, otro de los motivos que tuvieron los parlamentarios fue la grave crisis que el consumo de fentanilo está provocando en varios países, como Estados Unidos, donde sólo en el año 2022 fallecieron más de 11 mil personas por sobredosis, al tratarse de una droga que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína e, incluso, 100 veces más que la morfina.
«Si no queremos ver en nuestro país las mismas imágenes que en Estados Unidos, no podemos seguir de brazos cruzados. El robo de drogas desde los centros médicos, como el fentanilo, es una realidad que no podemos desconocer. Y es allí donde debemos adoptar todas las medidas necesarias si no queremos que estos recintos terminen siendo la fuente de abastecimiento de traficantes», indicaron.
