• El Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, indicó que “los recursos asignados al Poder Judicial resultan de vital importancia para otorgar a la ciudadanía una justicia de calidad, oportuna, transparente y de total acceso”.
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, acompañado por la ministra integrante del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Gloria Ana Chevesich, la directora (s) de dicha entidad, Andreina Olmo; el subdirector (s), Alex Saravia; el director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas, informaron a la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuesto del Congreso Nacional acerca de la Partida 03 del Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 correspondiente al Poder Judicial.
Blanco indicó que “los recursos asignados al Poder Judicial resultan de vital importancia para otorgar a la ciudadanía una justicia de calidad, oportuna, transparente y de total acceso, constituyéndose así en la forma para garantizar nuestro objetivo estratégico de satisfacer las necesidades de la comunidad en materia de justicia”.
La directora suplente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Andreina Olmo, expuso sobre algunas definiciones estratégicas y nudos críticos que actualmente enfrenta el Poder Judicial, como una mayor complejidad en los delitos, un aumento en los ingresos de las causas y de la población, sobre todo, en algunas jurisdicciones específicas, y la promulgación de leyes sin financiamiento, que afectan directamente la operación de tribunales.
Asimismo, informó acerca del aumento del stock de causas de los tribunales de las distintas materias, las crecientes restricciones presupuestarias y la nula actualización de la planta de jueces y juezas de los tribunales del país, lo que ha impactado la operación.
Olmo explicó que el presupuesto asignado contiene un inflactor de 3,1%, a excepción del subtítulo 21 que no contiene dicho elemento, lo que implicaría que a partir el año 2026, de otorgarse un reajuste equivalente, existiría un déficit real de cerca de 18.000 millones”, dijo.
Destacó que la base de cálculo de la ley de presupuesto asignado al Poder Judicial para 2026 se elaboró sin considerar la rebaja inicial del año 2025, lo que considerará crecimiento de 0,8% respecto del año pasado.
“Desde el punto de vista de los ingresos, se recuperó la estructura normal de financiamiento, considerando el saldo inicial de caja con un porcentaje de incidencia mínima dentro del total para financiar el presupuesto”, dijo.
En cuanto al subtítulo 23 relativa a las “Prestaciones de seguridad social”, el proyecto de ley de presupuesto del próximo año considera un monto muy menor, dado que el Poder Judicial se encuentra participando en una mesa de trabajo con la Dirección de Presupuestos para consensuar los términos de la prórroga del incentivo al retiro, a partir de 2026.
Asimismo, indicó que el proyecto de ley de presupuestos para 2026 reconoce la necesidad del Poder Judicial de renovar máquinas y equipos informáticos, pero que no contiene financiamiento para la renovación de los vehículos, los cuales han cumplido con el tiempo de renovación y no se han asignado recursos para ello.
En materia de proyectos de infraestructura se indicó que en base al presupuesto asignado, deberá privilegiarse la continuidad de proyectos de construcción en proceso y recientemente adjudicado, y durante el transcurso del año 2026 se evaluará los proyectos a priorizar durante el segundo semestre. En este subtitulo el monto asignado es de M$39.061.543, inferior a los cerca de M$ 60.000.000 requeridos.
Indicó que el presupuesto asignado en la Ley de Presupuesto del Poder Judicial para 2026 será de M$761.216.544, lo que incorpora una variación de 0,8%, respecto del año pasado, lo que implica un presupuesto de continuidad para las necesidades presentadas.
Respecto a los gastos operacionales no financiados en la ley de presupuestos, Olmo recalcó que la institución se encuentra trabajando en otras opciones de financiamiento, sustentadas en el Convenio de Desempeño con el Ministerio de Hacienda para el uso del saldo inicial de caja, y suplemento presupuestario por parte del Ejecutivo.
El director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas, explicó los alcances de la implementación del proyecto de ley para el próximo año en dicha institución. Indicó que durante 2026 se contemplan la realización de tres programas de formación de jueces y juezas y la selección de otros dos. “Durante 2026 egresarán igual cantidad de alumnos desde dicha academia (72), lo que permitirá satisfacer recambio natural de nuevos jueces, la implementación de nuevas leyes y suplencias”, recalcó.
Respecto de los gastos en personal, destacó que el incremento de la tasa de cotización del empleador, que se encuentra establecido en la Reforma Previsional, indicada en la Ley 21.735, no se encuentra incluido en el actual proyecto de ley. Indicó que este gasto es de carácter “obligatorio y progresivo” y que omitir su incorporación generará desfases que deberán regularizarse en plena ejecución.
La directora suplente informó que recientemente el Poder Judicial ha tomado conocimiento de las condiciones del acuerdo alcanzado por el Ministerio de Obras Públicas con la concesionaria a cargo de la operación del Centro de Justicia de Santiago, para la prórroga de licitación por 30 meses a partir del 30 de diciembre de 2025, lo que implicará el aumento del monto de subsidio fijo a la operación y la postergación de una serie de mejoras que estaban solicitadas para la nueva licitación consistente en obras de mantenimiento y conservación.
Además, en el marco de la nueva licitación se solicitaban mejoras en servicios de seguridad, especialmente guardias Los mayores gastos por aumento de subsidio fijo a la operación no están contemplados en el proyecto de ley de presupuesto, por lo que deberá ser suplementado.
Olmo indicó que el presupuesto operacional asignado al Poder Judicial cubre requerimientos básicos de operación del Poder Judicial. Sin embargo, deberá ser suplementado. Además, se requerirá la asignación de financiamiento especial, adicional y permanente para financiar efectos de la implementación de nuevas leyes.
Finalmente solicitó dar prioridad legislativa para la tramitación y aprobación de leyes que incrementan la dotación de jueces de juzgados de familia y de letras del trabajo Destaca además el impacto en carga de trabajo y nuevos requerimientos de financiamiento generados por leyes recientemente publicadas que afectan la operación de tribunales penales y fiscalías judiciales.
La Tercera Subcomisión Mixta de Presupuesto del Congreso Nacional presidida por el senador Juan Antonio Coloma e integrada por los senadores Daniel Núñez y Luz Ebensperger y los diputados Agustín Romero y Jaime Sáez, agradecieron la exposición y acordaron oficiar a los Ministerios de Hacienda y Justicia para que cuando existan proyectos de ley asociados a la operación de proyectos de ley asociados al trabajo de los tribunales se consideren las necesidades técnicas y económicas requeridas por el Poder Judicial.
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