El reciente escándalo en la Comisión Nacional de Energía (CNE) ha golpeado directamente a miles de hogares chilenos. Un error metodológico, detectado no por la propia CNE sino por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), reveló que desde 2017 se aplicó dos veces el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el cálculo de las tarifas eléctricas reguladas.
Este desajuste generó cobros excesivos estimados en más de cien millones de dólares entre julio de 2024 y diciembre de 2025, inflando las boletas de luz en torno a un dos por ciento a nivel nacional, con alzas mayores en comunas del sur. El impacto fue inmediato: familias que ya enfrentaban alzas de hasta un setenta por ciento tras el descongelamiento tarifario, pagaron aún más en medio de una compleja situación económica.
Pero las repercusiones van mucho más allá del costo de la electricidad. Este sobrecobro afectó también la inflación general, ya que las tarifas energéticas forman parte del cálculo del IPC nacional. Un IPC artificialmente alto encarece la Unidad de Fomento (UF), que ajusta créditos hipotecarios, préstamos de consumo, arriendos y contratos laborales.
Así, miles de familias endeudadas en vivienda o vehículos vieron aumentar sus cuotas mensuales de forma indebida, reduciendo su poder adquisitivo y forzando ajustes en su presupuesto cotidiano. Algunos expertos incluso advierten que esto pudo haber incrementado la pobreza energética, sobre todo en regiones donde la electricidad ya es particularmente cara.
El impacto productivo tampoco es menor. Las pequeñas y medianas empresas, que no tienen capacidad para traspasar costos, debieron absorber tarifas más altas, afectando su rentabilidad y capacidad de empleo. En un país donde los servicios básicos son insumo esencial, el alza energética se traduce en un encarecimiento general de bienes y servicios, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.
Aún más preocupante es el riesgo de replicar el error en otros servicios regulados. El agua potable y el gas utilizan fórmulas con ajustes indexados al IPC, lo que obliga a revisar sus mecanismos de cálculo para evitar distorsiones similares. En un sistema interconectado, una falla metodológica no solo encarece una boleta, sino que altera la economía entera.
El Gobierno ha anunciado que compensará los cobros indebidos con rebajas en las tarifas desde enero de 2026, pero la confianza pública ya está dañada. Este episodio deja una lección clara: la transparencia y la supervisión técnica no son trámites administrativos, sino garantías esenciales para proteger el bolsillo de las familias. En un contexto de inflación persistente y deudas crecientes, un error en la medición puede transformarse en un problema de país.
