Parlamentarios oficiaron a la contralora Dorothy Pérez por la entrega de más de $600 millones a Mazal Producciones, productora vinculada a la pareja de la ministra de las Culturas y a una funcionaria clave del CNTV.
Los diputados de Renovación Nacional Frank Sauerbaum, Carla Morales, Eduardo Durán y Jorge Durán enviaron un oficio a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez, solicitando un pronunciamiento sobre “eventuales infracciones a los principios de probidad administrativa y conflictos de interés en adjudicación de fondos del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), en particular, respecto de los recursos asignados a la productora Mazal Producciones”.
En el documento, los parlamentarios advierten que “durante el proceso de adjudicación del Fondo CNTV correspondiente al año 2025, la productora Mazal Producciones resultó ganadora del monto más alto del certamen, obteniendo $603.873.249 para la realización de la miniserie histórica ‘Prat, el hombre detrás del héroe’”.
El oficio detalla antecedentes que podrían configurar conflictos de interés: “Ronald Heim, actual director de contenidos de Mazal Producciones, mantiene una relación de pareja con la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo”, cartera que coordina institucionalmente con el CNTV en materia de fomento audiovisual.
A ello se suma que “Magdalena Tocornal, quien se desempeñó como productora ejecutiva en Mazal Producciones hasta septiembre de 2024, fue nombrada posteriormente como directora del Departamento de Fomento del CNTV”, unidad encargada de ejecutar y coordinar el concurso de fondos públicos en el que la misma productora resultó beneficiada.
Pese a que el CNTV informó que Tocornal se inhabilitó formalmente, el oficio advierte que “de acuerdo con antecedentes publicados por El Líbero y The Clinic, distintas fuentes aseguran que participó en reuniones preparatorias y en la presentación de las bases del concurso ante el Consejo Nacional, sin que todos los consejeros hubiesen sido informados oportunamente de su relación laboral anterior con la productora beneficiada”.
En ese sentido, los diputados recalcan que “la intervención de la Jefa del Fondo, en cualquier grado, vicia el procedimiento por falta de la imparcialidad exigida”, recordando que la Ley N°19.880 obliga a abstenerse a quien haya prestado servicios a la entidad interesada en los dos años previos. Además, sostienen que “la relación entre el ejecutivo de la productora y la ministra de las Culturas constituye una circunstancia que resta imparcialidad al proceso”, según la Ley N°20.880 sobre Probidad en la Función Pública.
El oficio también consulta si corresponde “instruir la invalidación del acto administrativo de adjudicación de fondos a la productora Mazal Producciones”, así como determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios que participaron o debieron advertir la irregularidad.
Finalmente, los diputados de Renovación Nacional subrayaron que su deber constitucional es “velar por la transparencia y la probidad en el uso de los recursos públicos”, y que situaciones como esta “ponen en entredicho la objetividad e imparcialidad que deben regir en todo proceso de asignación de fondos del Estado”.
