Los ediles Marcelo Góngora, María Fernanda Ternicier, Ignacio Navarro, y Guillermo Barra, presentaron una solicitud formal ante la Contralora Regional de la República, solicitando la apertura de un sumario de investigación contra el Alcalde Nelson Estay, y cualquier otra acción necesaria por, al menos, 38 irregularidades cometidas durante su administración.
Hasta la Contraloría Regional de la Republica llegaron los concejales Marcelo Góngora, María Fernanda Ternicier, Ignacio Navarro, y Guillermo Barra para solicitar a la contralora María Soledad Pérez un sumario de investigación para determinar eventuales infracciones a los principios de probidad administrativa, transparencia, prescindencia política y toda otra normativa aplicable en al menos 38 irregularidades cometidas por Nelson Estay, tanto en su rol del alcalde como en su calidad de presidente de la Corporación Municipal de Villa Alemana (CMVA).
Entre los principales antecedentes presentados a la CGR se encuentran la entrega de información falsa, inconsistente y contradictoria al Concejo y a los medios sobre un supuesto déficit económico de la Corporación, con cifras que varían entre $4.000 millones y $14.000 millones, y de alterar asientos contables para atribuir el déficit a la administración anterior.
Contratar y mentir sobre los títulos de Aurelio Cáceres, primer Secretario General de la CMVA, como consta en el acta del directorio del 10 de diciembre, pese a no cumplir los requisitos del cargo, ejecutando actos administrativos y financieros. Misma persona que además rindió boletas por cerca de 30 millones en la campaña del alcalde, además de una serie de despidos en la Corporación, incluyendo cuatro secretarios generales en pocos meses, una serie de denuncias por Ley Karin y varias demandas por tutela laboral, incluyendo también el despido del Secretario General Claudio González, sin autorización previa del Directorio.
Anular el nombramiento de dos directoras de la CMVA sin la debida competencia y por no haber sido legalmente convocada la asamblea, tal como lo establece el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso (ICA), causa 1952-2025, que declaró arbitrario el actuar del alcalde.
Uno de los puntos más graves, a juicio de los concejales, es la presunta usurpación de funciones del alcalde al evacuar un informe a la ICA, en respuesta a una solicitud de la corte, a nombre Concejo Municipal, sin citar a sesión y haciendo firmar en forma privada solo a los concejales afines a su administración. Además de un conflicto de interés por firmar el informe de contratación de su ex esposa en la Corporación.
Por otra parte, los concejales denuncian Intervención Electoral y falta al principio de Prescindencia Política por parte del alcalde al utilizar su cargo y dependencias municipales como la oficina de la alcaldía, el polideportivo Nicolás Massú y otros espacios con la finalidad de manifestar su apoyo explícito a candidatos como Evelyn Matthei y José Antonio Kast.
Otros de los puntos señalados es una serie de contrataciones cuestionables, como la creación de un cargo denominado «jefe operativo» en la Dirección de Seguridad Pública, ocupado por un funcionario a honorarios, quien da instrucciones, fiscaliza y solicita diligencias a personal de planta o a contrata, lo que levanta dudas sobre su legalidad.
La contratación del Abogado Rodrigo Flores en la modalidad contratación directa, sin licitación, para representar al municipio en una causa judicial, a pesar de que la municipalidad ya cuenta con abogados contratados, siendo este militante del mismo partido del alcalde.
En esta misma línea, la contratación de la abogada Camila Cáceres Fredes ex Directora Jurídica del Municipio e hija de Aurelio Cáceres, quien fue desvinculada por haber ejercido defensa de narcotraficantes, y cuyo despido provocó una demanda contra el municipio por más de $100 millones por vulneración de derechos.
La falta de ejecución de órdenes de clausura en la empresa «Pipau» y casinos clandestinos, a pesar de existir decretos firmados, lo cual constituyó un perjuicio al patrimonio municipal, además de una serie de gastos por eventos no realizados, donde el municipio incurrió en el pago de horas a funcionarios e infraestructura vial para albergar los Juegos Parapanamericanos sin contar con un convenio, y donde finalmente el evento no se concretó.
Al respecto, Guillermo Barra, concejal de la comuna sostuvo que “cuarenta irregularidades no son errores, son un patrón. Entre ellas, la manipulación del supuesto déficit de la Corporación Municipal, entregando información falsa al Concejo y a los medios de comunicación. Primero se habló de 15 mil millones, luego 9 mil, después 5 mil y hasta 4 mil, sin ningún respaldo contable. Por eso acudimos a Contraloría, y seguiremos por todas las vías institucionales que correspondan».
En tanto, Marcelo Góngora, presidente de la comisión de finanzas del Concejo, argumentó que “la contratación de operadores políticos y el explícito apoyo del alcalde Estay a candidaturas presidenciales, responde a un uso indebido de recursos públicos para un beneficio político. Estos erráticos pasos, ponen a Villa Alemana en un caótico camino a la ingobernabilidad».
Por su parte, Fernanda Ternicier, edil de la comuna agregó que “como lo hemos dicho y hecho siempre, nuestro trabajo es enfrentar los abusos vengan de donde vengan. Defender y trabajar siempre en pro de la verdad y la justicia, por qué las familias de Peñablanca y Villa Alemana se merecen toda la trasparencia y no la “trampa-rencia”.
Finalmente, Ignacio Navarro, concejal villalemanino añadió que “han pasado 4 secretarios generales en 10 meses, uno de ellos nunca fue nombrado porque no cumplía los requisitos de título, y aún así hizo actos administrativos. Otro fue despedido y hoy hay una demanda de 150 millones por despido injustificado. Entonces hay bastantes hechos irregulares en la contratación de personas, pero también saltándose los estatutos”.
