En Chile, la construcción de embalses vuelve a aparecer como una de las grandes soluciones frente a la escasez hídrica. Nadie puede negar que estas obras son necesarias: permiten acumular agua en los periodos lluviosos para usarla en tiempos de sequía, entregan seguridad a los agricultores y sostienen la producción en un escenario de alta incertidumbre climática. Sin embargo, concentrar el debate únicamente en la infraestructura puede hacernos perder de vista otro desafío igual de urgente: cómo usamos el agua disponible.
Una política de embalses pone el foco en la oferta: acumular más agua para dar seguridad a los derechos existentes. Sin embargo, avanzar hacia esta seguridad requiere también fortalecer la gestión de la demanda y ajustarla a la oferta real y dinámica de los recursos hídricos, de modo que los embalses no se conviertan en un espejismo de abundancia. La experiencia muestra que, cuando la oferta se percibe como garantizada, disminuye el incentivo a ajustar prácticas de riego o mejorar la eficiencia.
Esto es particularmente relevante en un país como Chile, donde la agricultura enfrenta un doble desafío: adaptarse al cambio climático y sostener su competitividad en mercados internacionales cada vez más exigentes. A nivel predial persisten brechas significativas: muchos agricultores no saben cuánta agua aplican y/o requieren sus cultivos, y también hay problemas de operación de los sistemas de riego. En consecuencia, tecnologías como goteo o sensores, muchas veces no se utilizan en todo su potencial.
La evidencia internacional refuerza este diagnóstico: en distintos países se ha visto que la sola inversión en infraestructura o tecnologías de riego no garantiza eficiencia. Sin capacitación ni acompañamiento, la tecnología por sí sola no asegura resultados y termina ofreciendo beneficios limitados.
Por eso se requiere fortalecer las políticas del lado de la demanda. Chile tiene una larga tradición de fomento al riego a través de la Comisión Nacional de Riego y el INDAP. Sin embargo, estos programas se han concentrado en financiar infraestructura predial que hoy necesita complementarse con mayor foco en conocimiento, gestión y transferencia. Si la apuesta es solo a grandes obras, se corre el riesgo de postergar los cambios culturales y conductuales que pueden hacer una diferencia en el uso del agua.
Asimismo, se necesita complementar la oferta (embalses) con políticas enfocadas en un mejor uso del recurso. Las tecnologías existen, pero falta información, capacitación y acompañamiento para que tengan un impacto real. Avanzar hacia modelos de extensión más sólidos (públicos y privados), fortalecer instancias que promuevan el aprendizaje y coordinación (capital social), y explorar nuevos incentivos que premien la eficiencia de manera distinta a los subsidios actuales, son medidas que permitirían un uso más sostenible del agua y una agricultura más resiliente frente al cambio climático.
Más que entrar en la dicotomía “embalses sí” o “embalses no”, el punto es que, si queremos que la inversión en infraestructura sea sostenible —económica y ambientalmente—, debemos también priorizar políticas que aseguren que el agua, almacenada o no, se use de la mejor manera posible en el campo.
